No es necesario que la CPI investigue a Venezuela, dice el Fiscal

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Tarek William Saab, Fiscal General de la República considera que no es necesaria una investigación a Venezuela por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Según el titular del Ministerio Público, el Estado venezolano garantiza la plena aplicación de los derechos humanos. Además desarrolla una política de justicia apegada a las leyes venezolanas, aseguró Saab en entrevista transmitida por el canal Globovisión.

El funcionario mencionó dos casos puntuales, mediáticos y epicentros de los señalamientos de violación de derechos humanos en Venezuela, cuya respuesta por parte del estado fue «ejemplar e impecable», según Saab.

Uno de los casos más notorios fue el asesinato de David Vallenilla en medio de protestas en Caracas en el año 2017. Saab informó que «el autor material del asesinato fue condenado a 23 años de cárcel».

El segundo caso es el del Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto luego de ser torturado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por el asesinato del oficial de la Armada, dos tenientes fueron condenados «a la máxima pena que es de 30 años en Venezuela», afirmó Saab.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales

Tarek William Saab se manifestó en contra de las ejecuciones extrajudiciales: «Estamos en contra, por lo que nos enfrentamos y hemos logrado actualmente la judicialización de los implicados», aseguró.

También se refirió a la ejecución extrajudicial registrada en un video y que se hizo viral en las redes sociales que evidenciaba a seis funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el estado Zulia.

Tarek William Saab afirmó que todos los funcionarios fueron detenidos y serán condenados.

Avances positivos en los informes de la Alta Comisionada de los DD.HH de las Naciones Unidas

Según Tarek William Saab, los últimos informes periódicos de la Alta Comisionada Michelle Bachelet reseñan avances positivos de Venezuela en derechos humanos.

El Fiscal General de República recalcó que durante las manifestaciones en el país resultaron asesinados 10 funcionarios de seguridad.

«Desde el 2017 la Corte Penal Internacional (CPI) arrojó que el 30% de la responsabilidad de los fallecidos estuvo a manos de agentes del Estado. El 70% fueron de civiles armados que cometieron estos delitos», precisó.