La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que solicitó una prórroga para emitir el informe final sobre Venezuela el próximo 20 de abril. Esto debido al alto volumen de solicitudes, pues recibieron más de 2 mil formularios y opiniones hasta el 7 de marzo.
El procedimiento obedece a la consideración que este organismo de justicia internacional emplea por el caso de Venezuela I, en el cual determinará si pasa definitivamente a la fase de investigación en el entendido que habría recabado suficientes elementos para decidir que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad.
Este proceso de recepción de denuncias de familiares y víctimas de violación de derechos humanos inició en diciembre de 2022 y culminó el pasado 7 de marzo, lapso en el cual los participantes tenían la oportunidad de consignar sus testimonios, denuncias y evidencias sobre estos hechos, en los cuales responsabilizaban a funcionarios del Estado venezolano, llenando formularios destinados para tal fin.
Según la ONG Provea, «la VPRS aún no ha confirmado la recepción de todos los formularios y vídeos debido al gran volumen de información. Las notificaciones de recibo se publicarán en las próximas semanas. La Sala aconseja discreción por la seguridad de las víctimas».
Vale recordar que la Fiscalía de la CPI consideró en primer término que la justicia en Venezuela no había emprendido las suficientes medidas para dejar constancia que investigaba y sancionaba estos delitos, por lo que decidió abrir este procedimiento.
La negación del gobierno
En contra parte, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía que dirige el británico Karim Khan de dejarse manipular por organizaciones no gubernamentales que operan en el país y que todo el proceso contra Venezuela es inducido desde una campaña mediática y geopolítica.
Por otro lado, a través de un documento que dio a conocer el Ministro de Información, Freddy Ñáñez, en Venezuela «nunca han ocurrido violaciones de Derechos Humanos».
Los jueces de la Corte Penal Internacional recibirán este caudaloso material aportado desde individualidades y organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos para su correspondiente estudio jurídico.
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