Este miércoles 19 de agosto se cumplen cinco años de la llamada deportación masiva de ciudadanos colombianos por parte del gobierno venezolano tras el decreto que ordenaba el cierre de la frontera entre ambos países.
La medida comenzó a aplicarse en la frontera del estado Táchira con el Departamento Norte de Santander.
El presidente de Colombia de ese entonces, Juan Manuel Santos, calificó la decisión de su par venezolano como ilegal y unilateral.
Luego, 20 días después se extendería a los ejes fronterizos de los estados Apure y Zulia. Seguidamente se clausurarían los pasos limítrofes del estado Amazonas.
Según el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Colombia solo en el mes de agosto del año 2015 atendieron a 20 mil colombianos que recibieron ayuda en Cúcuta y Villa del Rosario.
En esa oportunidad, y como justificativo para argumentar la decisión tras un incidente entre funcionarios militares venezolanos y supuestos insurgentes en zona del estado Táchira, el Ejecutivo nacional alegó que los ciudadanos colombianos eran unos «bachaqueros» de alimentos, medicamentos y contrabandistas de combustible.
Acciones que originaban la escasez de estos rubros y «cuyo ataque no podemos seguir permitiendo», vociferaba el mandatario venezolano Nicolás Maduro en su alocución al anunciar la medida de cierre fronterizo.
Por otro lado, las autoridades venezolanas iniciaron un procedimiento de remarcaje de cada una de las viviendas de colombianos que se encontraban residenciados del lado venezolano.
Luego de su salida, estas viviendas fueron destruidas y se exhibían como trofeos por parte de los funcionarios como resultado «exitoso» del combate contra las supuestas mafias en la frontera.
Debido a esta situación, muchos colombianos decidieron regresar voluntariamente a su país antes de que fuesen deportados por el gobierno venezolano.
Rafael Villamizar, presidente del colegio de Abogados en Norte de Santander declaró que ante la expulsión de un gran número de connacionales, interpuso una demanda contra el gobierno de Maduro e informó a la Cancillería de la violación de los Derechos Humanos.
“Me sorprendió que en el gobierno de Juan Manuel Santos esta información llegó a los tribunales de Venezuela, sin lograr nada en favor de la población vulnerable. Con el Gobierno de Iván Duque ya los organismos internacionales realizan la investigación pertinente”, dijo Villamizar.
Por su parte, el exdiputado tachirense y defensor de Derechos Humanos Walter Márquez, hablaba el año pasado de “revictimización”, pues asegura que estas familias fueron víctimas no sólo de la represión del gobierno de Maduro, sino además de la impunidad en Venezuela, la impunidad en Colombia y de la Corte Penal Internacional (CPI).
Pero ¿Por qué el gobierno de Venezuela decide cerrar la frontera?
El 19 de agosto de 2015, en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, dos hombres en motocicleta ―que según el Gobierno de Venezuela eran paramilitares y contrabandistas― atacaron por la espalda, con armas largas, a cuatro personas venezolanos que participaban en operaciones anti-contrabando, dejándolos heridos: dos tenientes, un cabo primero y un civil que les ayudaba.
Según las publicaciones de la época, los heridos fueron identificados como los tenientes Daniel Veloz Santaella y Alexis Rodríguez y el cabo primero Miguel Núñez ―integrantes de inteligencia militar del Ejército venezolano― y el civil Ramón Vuelvas, alias «el Paisa».
El mismo día del ataque, el gobierno venezolano ordenó el despliegue policial en contra de bandas delincuenciales en los dos municipios venezolanos de la zona de frontera (San Antonio del Táchira y Ureña).
La operación formaba parte del denominado Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que Maduro inició en agosto en Caracas y otras ciudades dentro de las acciones estatales de lucha contra el hampa.
Como parte de dicha operación se ordenó el cierre temporal de la frontera durante 72 horas.
El día siguiente, 20 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, se pronunció acerca del incidente de los militares: «Los atentados contra la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) se suman a una cadena de hechos contra el pueblo de la frontera tachirense y zuliano».
Maduro indicó entonces que la causa de la inseguridad y la crisis económica en la frontera era la supuesta migración de paramilitares colombianos dentro del territorio venezolano. Por lo tanto, ordenó la militarización de la frontera.
También acusó a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y senador activo durante la ocurrencia de los sucesos en la frontera colombo-venezolana, de «coordinar asesinatos» en la región.
Uribe declaró desde su cuenta de Twitter que las arremetidas del presidente venezolano eran por causa del desespero, pero que a la vez no lo asustaban y afirmó que continuaría apoyando a la oposición venezolana hasta que «la dictadura (venezolana) fuera derrotada».
Agregó que además acudiría a la frontera en La Parada, Puente Internacional Simón Bolívar a solidarizarse con «torturados» y expulsados por el gobierno venezolano en ambos lados.
A cinco años de estas medidas y ahora debido a la pandemia, los pasos legales de la frontera colombo venezolana siguen cerrados sin que se vea, a lo lejos, una señal que revierta la situación.
