Cada año se registran unos 3 mil casos de violencia sexual, según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, esta cifra podría quedarse corta si se toma en cuenta que, según Georgia Rothe, solo un 10% de los casos son denunciados.
En agosto una niña de 12 años llamada Shayla se quitó la vida en el Zulia por presuntamente ser víctima de violencia sexual de su tío, con el consentimiento de su padre. Rothe, experta en violencia de género, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras una reforma realizada el pasado 25 de noviembre del 2014, establece en el artículo Nª 59 el delito de inducción o ayuda al suicidio que trata de una violencia extrema psicológica que puede ser acoso, hostigamiento o amenaza, la cual genere las condiciones para provocar el suicidio.
“Este delito tiene una pena de 10 a 15 años de prisión y el único requisito para demostrarlo es acreditar que fue por odio y desprecio a la condición de mujer”, aseguró.
Georgia Rothe aclaró que los casos de delitos que involucren a menores de edad, son llevados al Tribunal de Violencia contra las Mujeres en la Jurisdicción del Zulia, “porque se considera que es un delito que atenta contra la integridad de la mujer y demuestra odio a la condición de mujer”.
Sin embargo, se utiliza la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, porque la Ley Orgánica de una Vida Libre de Violencia establece la violencia sexual en caso de mujeres mayores de 18 años.
La también defensora de los derechos de la mujer aseguró que probablemente Shayla no es el primer caso de suicidio por abuso sexual en el país o incluso en la región zuliana.
“El miedo a denunciar, sobretodo en adolescentes, se da mucho por padecer el traumatismo del silencio, que es un concepto que desarrolla la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán. A las víctimas de abuso sexual, su agresor les hace sentir temor por su vida en caso de que ellas quieran hablar o denunciar lo que está pasando, y la niña, adolescente o mujer, queda encerrada en ese ciclo”, explicó Rothe.
¿Qué pasa luego de la denuncia?
Una denuncia, es una victoria, para todos los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres, destacó Rothe.
Explicó que en este caso se debe formalizar la imputación formal por el delito de abuso sexual o inducción o ayuda al suicidio. A partir de allí se abre la fase de investigación donde la fiscal con competencia especializada tendrá que recabar las pruebas que demuestra la concurrencia de ese delito. Cabe destacar que tanto el padre como el tío de Shayla se encuentran detenidos.
“Como la niña falleció no van a poder tener su testimonial, pero puede recabar otro tipo de pruebas que son relevantes para el proceso judicial, como es el informe médico forense. Recabar entrevistas o inspección técnica al sitio de lo sucedido para luego presentar una acusación formal hacia un Tribunal e iniciar el proceso de audiencia, el pase a juicio y la condena por si llega a esta instancia”, detalló Rothe.
Agregó que en el caso de la región zuliana, la Fiscalía 33 del Ministerio Publico tiene competencia para delitos de violencia contra la mujer y, asimismo, abarcan delitos contra niños, niñas y adolescentes.
El sistema judicial revictimiza a la mujer
En Venezuela las mujeres gozan de una ley de gran envergadura de protección que resguarda sus derechos y, además, es de carácter orgánica, lo que hace que tenga mayor prevalencia sobre otras leyes, a diferencia de otros países donde los delitos contra la mujer están contemplados en leyes intrafamiliares o leyes ordinarias.
Para Georgia Rothe esta ley “establece que hay que atacar el problema que constituye un problema de salud pública que tiene que ser atacado por el Estado”.
Sin embargo, Rothe quien ejerció como Secretaria Judicial en el Circuito Penal con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, explicó que las mujeres cuando tratan de acceder a una justicia oportuna, eficaz y gratuita, “los sistemas judiciales son revictimizantes, por lo tanto, las mujeres abandonan el proceso porque hay un desgate emocional y físico”.
Sugirió que hay que seguir trabajando en mejorar ese aspecto, de los cuales se han tomado medidas como “evitar la revictimización a través de la toma de la entrevista de la víctima al inicio del proceso, el cual se congela y se perpetua durante todo el proceso, y así evitar revivir la situación de violencia una y otra vez”.
Agregó que los procesos son revictimizantes porque los sistema judiciales esta hechos a esa manera. A pesar de que las leyes pueden ser beneficiosas, si no se cambia el sistema judicial y la manera como está sirviendo la justicia, no va a ser eficaz realmente.
“El Estado debe impulsar a la colectividad la necesidad de que hay que denunciar”
Rothe alertó que unas de las principales causa de suicidios en adolescentes es el abuso sexual y la difusión no consentida de contenido íntimo.
“Los obstáculos socioculturales que rige a la familia, lo que es el honor y la reputación hacía que antes no se hablara de abuso sexual, en comparación de ahora”, de acuerdo a Rothe; por ello, solo se registra el 10% de las denuncias de violencia sexual.
A su juicio, “los casos denunciados son solo un pequeño índice de violencia sistemática que realmente existe, por eso el Estado y la ley debe impulsar a la colectividad la necesidad que hay que denunciar para generar estadística y conciencia”.
Rothe recomienda que el Estado venezolano actuar con políticas educativas: “desde la educación en las escuelas, para prevenir, escuchar y visibilizar lo que está sucediendo”.
