La directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina, Tamara Sujú, informó que el Teniente Coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, preso político desde el año 2018, inició una huelga de hambre desde este martes 21 diciembre.
Marín Chaparro expresó a través de una carta pública que con esta acción busca la visita in situ de una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Cruz Roja Internacional, del Nuncio Apostólico y de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela “para que constaten los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos en ese sitio de reclusión”.
Asimismo, el militar solicitó la visita del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para que “certifiquen por ellos mismos las denuncias por torturas sistemáticas y los secuestros de él y los demás presos políticos dentro de la DGCIM, especialmente en la celda denominada la Casa de los Sueños”.
De igual forma, pidió eliminar la Casa de los Sueños ya que se ha convertido en “depósito de seres humanos y centro de torturas y violaciones a los derechos fundamentales”. Así como también la solicitud de la liberación de todos los presos políticos tanto militares como civiles por medio de verdaderos indultos.
El preso político instó a que se reanude el diálogo entre gobierno y oposición, incluyendo la presencia de un ex preso político como muestra de un “deseo de conciliación nacional y de verdadera justicia”.
Notificación a la CPI
Desde el Instituto Casla, el cual representa a este Teniente Coronel, se ha enviado una notificación del inicio de su huelga de hambre al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El Teniente Coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro se desempeñaba como jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, principal cuartel militar del país.
Fue apresado el 16 de marzo de 2018 dentro de esas instalaciones por funcionarios de la DGCIM, acusado de atentar contra la institucionalidad del país. Y pese a que una orden del tribunal que lleva su caso ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, fue dejado en la sede de la Contrainteligencia Militar.
