La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) informó a través de un reciente comunicado que los trabajadores de la Ferrominera del Orinoco recibirían una mortadela como “incentivo” de producción.
Esta notificación fue recibida por los trabajadores como una burla a la moral de los empleados. Así lo aseguró Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG.
“¿Cómo es posible que una empresa como Ferrominera del Orinoco, que en años anteriores daban incentivos que permitían hasta adquirir un bien, hoy dé una mortadela como incentivo de producción?”, se preguntó en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.
“Es una molestia mayúscula la que tienen los trabajadores en toda Ciudad Guayana”, agregó Gómez.
El trabajador indignado dijo que esta es la peor muestra de valor que puede ofrecer el Estado con los trabajadores.
También explicó que la masa de trabajadores en un principio creyó que se trataba de una “broma” o “fake news”.
“Esto ha sido motivo de protesta a través de las redes sociales y aunque el comunicado fue eliminado de la intranet de la empresa ya se había hecho viral”, agregó.
Sin producción empresas básicas
Gómez insistió sobre la denuncia que han hecho en otras oportunidades, al señalar que todas las empresas de la CVG van en “declive”: algunas están en “cero producciones”, como es el caso de Alcasa.
Mientras que la Ferrominera apenas alcanza una producción del 35 %. El resto como Sidor, Bauxilum y las demás están “muy por debajo de la capacidad de instalación para producir”.
Agregó que lo grave de todo esto es que los sindicatos tienen una “persecución bestial”, porque quienes reclaman son castigados con despidos o jubilaciones, irrespetando así los fueros sindicales.
También habló de la condena a 16 años de prisión a los seis luchadores sociales detenidos en 2022. “Es una aberración legal cometida en contra de seis dirigentes gremiales y sindicales, quienes fueron condenados por defender los derechos de los trabajadores”, señaló.
Gómez reiteró que el Estado con estas medidas lo que busca es amedrentar y quitar la moral de los trabajadores.
“No nos vamos a callar. Estamos ejerciendo un derecho como lo es la libertad sindical”, sentenció.
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