De las 40 recomendaciones que formuló la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país en materia de derechos humanos, Venezuela solo implementó parcialmente siete, ignorando las 33 restantes.
Así lo denunciaron los grupos de derechos humanos CIVICUS, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y Espacio Público este lunes antes de la cuadragésima sesión del Examen Periódico Universal (EPU), pautada para este martes 25 de enero.
De acuerdo a un manifiesto de las organizaciones, la última vez que se revisó el historial de derechos de Venezuela fue en noviembre de 2016, cuando los Estados miembros de la ONU hicieron un total de 274 recomendaciones, de las cuales 40 estaban relacionadas las libertades cívicas.
De las cuarenta, Venezuela solo aceptó y se comprometió a cumplir con 23, tales como garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información, proteger a los periodistas contra amenazas y ataques, asegurar un uso proporcional de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, además de garantizar que se investigan los casos de tortura y que los autores sean llevados ante la justicia.
Aún así el Estado en cinco años no cumplió con lo prometido. CIVICUS, REDLAD y Espacio Público documentaron en su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela no ha abordado de forma decidida «las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión».
«Estamos profundamente preocupados por el cierre del espacio en el que operan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en temas humanitarios y de derechos humanos. Se ha intensificado la persecución judicial y las restricciones financieras contra la sociedad civil, contra defensores de los derechos y contra periodistas, unido a un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión. También estamos alarmados por la persistente supresión sistemática de las protestas pacíficas», se lee en el comunicado.
A pesar de los compromisos con la libertad de expresión garantizados en la Constitución de la República, el gobierno ha utilizado leyes «restrictivas», como las disposiciones sobre difamación del Código Penal «para criminalizar las críticas a las autoridades».
Asimismo, se han generalizado las tácticas para reducir la prensa independiente, como el ahogo financiero, la cancelación de licencias de emisión, la confiscación de equipos y la censura, según expusieron las organizaciones.
El EPU es una evaluación que se realiza desde 2008 donde se chequea el historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio.
En esta ocasión Venezuela será examinada junto a otros 11 países, entre ellos Haití, Siria y Zimbabue. Tras el examen, se prepara un informe con recomendaciones que se debaten y adoptan en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos que se llevará a cabo en junio de este año.
La vocera por el gobierno venezolano será la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.
