La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de la Red CLAMOR Venezuela, la Comisión de Justicia y Paz, Cáritas de la Diócesis de Carúpano y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, emitió un pronunciamiento acerca de la tragedia de Güiria en la que, hasta los momentos, se reporta la muerte de 14 migrantes venezolanos ahogados.
La posición de la Iglesia venezolana está dirigida fundamentalmente a los gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago, a los cuales llama la atención sobre varios elementos implicados en esta situación.
La máxima autoridad de la jerarquía eclesiástica dice llorar a los muertos en el naufragio y dirige una palabra de consuelo a sus familiares. «Nos solidarizamos con sus familiares, orando para que el Buen Dios en su infinita misericordia consuele el llanto de los afligidos por esta tragedia y les conceda el eterno descanso a los fallecidos».
En el documento le exigen a los gobiernos de ambos países a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, sin ningún tipo de discriminación, «específicamente (preservando) todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación».
También exigen el cumplimiento por parte de las autoridades venezolanas sobre sus
obligaciones internacionales y de derecho interno en este caso y garantizar que la investigación de los hechos se conduzca conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas; esta investigación no debe ser de carácter meramente formal, sino que debe conducir al establecimiento completo de los hechos, y a actos conclusivos que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar.
Inaceptable la conducta de Trinidad y Tobago
Con respecto a la conducta manifiesta del gobierno de Trinidad y Tobago en contra de los migrantes venezolanos, la CEV la califica como de inaceptable «por incurrir en una transgresión del deber de no devolución, en virtud del cual, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una persona no puede ser rechazada en la frontera o expulsada de otro país sin un análisis adecuado e individualizado de su petición».
De igual forma rechazan las manifestaciones de estigmatización y discriminación hacia las personas de nacionalidad venezolana que en calidad de migrantes voluntarios o forzados buscan regularizar su situación legal en dicho estado.
Las autoridades del gobierno venezolano también se ganaron la interpelación eclesiástica cuando afirman que «realizan declaraciones de criminalización y desprestigio hacia los funcionarios internacionales de los órganos de protección y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de realizar trabajo humanitario con la población migrante venezolana, que es un grupo particularmente vulnerable respecto de sus derechos humanos y su situación humanitaria».
Finalmente exhortan a que este tipo de hechos no debe quedar en el olvido ni convertirse en otra cifra ni estadísticas más.
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