Cofavic exige al Estado proteger a la población civil

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Referencial

Los directivos del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo, COFAVIC, se pronunciaron sobre los recientes hechos violentos registrados en la parroquia caraqueña de La Vega al exigirle al Estado venezolano proteger a la población civil «sin más dilaciones».

Basan su exhortación sobre las recientes detenciones arbitrarias de 38 personas el pasado 12 de junio en el marco operativo policial practicado en la zona y sobre la muerte de dos civiles dos días después, producto de «balas perdidas» debido a un enfrentamiento armado entre integrantes de bandas delictivas y funcionarios policiales.

Señalan que «hasta la fecha, no se conoce si las autoridades iniciaron investigaciones sobre estos casos que se han presentado como presuntas muertes en enfrentamientos o resistencia a la autoridad en esta zona popular de la capital».

Para esta ONG de derechos humanos lo que ha venido ocurriendo en La Vega constituye un patrón sistemático de violencia policial practicado por los cuerpos de seguridad del Estado.

En ese sentido, recordaron los hechos suscitados entre el 6 y 9 de enero de este año donde más de 20 personas perdieron la vida a manos de funcionarios de las FAES, en lo que se ha llamado la peor masacre de este tipo cometida en Venezuela.

Por ello resaltan que «la sistematicidad de los ataques sufridos en la comunidad de La Vega durante lo que va del año 2021 ha afectado mayoritariamente a la población civil desarmada y la falta de una línea contundente de investigación que procese a responsables de la ejecución de estos mecanismos de seguridad ciudadana, en todos sus niveles de participación, pueden dar motivos razonables para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por ello, estos hechos deben cesar sin dilaciones y deben ser abiertas investigaciones eficientes, independientes y conclusivas que muestren una clara voluntad del Estado de no auspiciar ni encubrir estos graves casos».

Igualmente cuestionan y denuncian que la mayoría de las víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales son jóvenes menores de 25 años, y que el 60% de esos hechos suceden en medio de supuestos procedimientos de seguridad ciudadana.

Por otro lado, llaman la atención el incremento de las detenciones arbitrarias que presencian menores de edad y mujeres adultas mayores a lo que se le suma la activación de un nuevo desplazamiento interno forzoso al interior del país por personas que sienten su vida amenazada en las zonas donde residen.

En concreto, COFAVIC demanda al Estado venezolano las siguientes acciones:

  1. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley.
  2. Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  3. Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de familiares de las víctimas, testigos y sobrevivientes.
  4. Proteger la integridad de las personas civiles que hacen vida en la comunidad de La Vega y zonas contiguas, quienes durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectadas de manera directa e indirecta.
  5. Instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.
  6. Cumplir con la recomendación formulada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas referida a la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).