Activistas de varias ONG de derechos de pueblos indígenas del estado Amazonas alertaron este viernes 25 de marzo que no se le invitó al Defensor Delegado del Pueblo, Gurmesindo Castro, a formar parte de una comisión especial que volaría a la comunidad de Parima B a investigar los hechos donde fueron asesinados 4 Yanomamis.
Dicha comisión especial de investigación estaría integrada por el Fiscal 91 con competencia nacional, autoridades de la ZODI Amazonas, CICPC, representantes del ejecutivo regional y funcionarios de salud.
Sin embargo, aún no se conocen los resultados preliminares de estas averiguaciones de estos funcionarios. Los defensores advierten sobre lo riesgoso que significa mantener el hermetismo que existe sobre este caso por parte de las autoridades.
Según el alerta, el hecho de no incorporar al Defensor ni a ningún otro funcionario de este organismo a esta comisión especial tampoco genera confianza al momento de esclarecer los sucesos.
Días atrás, Castro declaró a través de la emisora Raudal Estéreo de Puerto Ayacucho que el martes 22 había salido al sitio una comisión interinstitucional «integrada por el CICPC, Ministerio Público, Senamefc General de la base aérea y funcionarios de la alcaldía».
El Defensor aclaró que en principio solo se trasladó «la Fiscalía Militar y nadie de la Fiscalía Superior porque solo se manejaba la información de heridos militares, no de fallecidos. Luego, cuando se confirma esa información es que se llama y se trasladan los otros organismos».
Castro también confirmaba que que hasta el miércoles 23 de marzo la Defensoría que dirige no manejaba los nombres de los funcionarios que habrían disparado y ocasionado las 4 muertes de los indígenas.
Y aclaró que los supuestos culpables «aún se encuentran en Parima B, se habla que serán juzgados por la jurisdicción ordinaria pero hay que recordar que se encuentran en territorio yanomami y ellos tienen sus reglas, por eso no los han dejado salir».
Radio Fe y Alegría Noticias conoció que el 1er Teniente de la Aviación, Eduar José Evans Seijas, de 25 años de edad, y el soldado Jefferson Jesús Sebastián Garrido, de 18 años, ingresaron al quirófano del hospital de Puerto Ayacucho este jueves 24 de marzo. Ambos son procedentes de Parima B.
Los heridos por el enfrentamiento en la comunidad Parima B, en el Alto Orinoco, seguían llegando a Puerto Ayacucho, cuatro días después de los sucesos. Los militares heridos no habían sido evacuados hasta este jueves. Fueron ingresados en el Hospital José Gregorio Hernández de la capital amazonense.
Olnar Ortíz, representante de Foro Penal Capitulo Indígena confirmó a Radio Fe y Alegría Noticias que la única forma de entrar a la zona es con un permiso otorgado por organismo militares, luego debe gestionarse un segundo permiso directamente con el capitán de la comunidad indígen
Por otro lado, el Consejo Legislativo del estado indígena de Amazonas conformó su propia comisión especial para contribuir a las indagaciones del hecho registrado el pasado domingo 20 de marzo.
La misma está integrada por los legisladores Guillermo Arana, quien la preside, Glennys Castillo y Daniel Guevara. Igualmente, se conoció que este sábado 26 de marzo se esperaba la visita a la zona de Parima B del gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez.
Se violó el acuerdo de 2012
El Defensor Castro también rememoró que en esa zona yanomami «existe un acuerdo amistoso desde 2012 validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. es importante que la población sepa por qué hay presencia de las fuerzas armadas en esta zona. Es un acuerdo entre el Estado y los peticionarios en su momento».
En ese sentido «el Estado respondió con un plan estratégico nacional para la defensa, desarrollo y consolidación del sur y a raíz de ese plan es que se establece esa base para proteger al pueblo yanomami de todas las actividades ilegales que pudieran menoscabar de su cultura».
Enfatizó que ese compromiso buscaba frenar el ingreso de los garimpeiros en ese momento, la prohibición de las actividades mineras en esa zona. «Esa es la misión de la Fuerza Armada, proteger al pueblo yanomami y nosotros nos estamos ocupando para que haya justicia en este caso».
Vale recordar que hace 29 años, en 1993, cuando ocurrió la masacre de Haximú donde fueron asesinados 12 indígenas Yanomami por manos de mineros brasileros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado venezolano por los hechos, comprometiéndose este a realizar la demarcación de los territorios indígenas.
Compromiso que sería ratificado en 19 años después, a través de ese documento mencionado por Castro.
