De acuerdo con el informe mensual de la organización Espacio Público, durante el mes de julio del año en curso se registraron 61 violaciones al derecho a la libertad de expresión.
De un total de 30 casos registrados, la «técnica» más frecuente sigue siendo la intimidación. Le siguen la censura, el hostigamiento verbal y las amenazas.
El 60% de las 40 víctimas reportadas durante el mes son periodistas, el 10% fueron medios de comunicación y el 7,5% fueron particulares.
La acumulada anual de violaciones a la libertad de expresión cerró el julio con 270 casos y 686 violaciones, donde lo que más se ha visto son restricciones al momento de recoger información acerca del suministro de gasolina y de los casos de COVID-19 en el país.
Detenciones de principio a fin
Espacio Público reportó durante el mes de julio unas 8 detenciones a trabajadores de la prensa, entre las que destaca la del director del medio digital Punto de Corte, Nícmer Evans el pasado 13 de julio.
A Evans se le acusa de instigación al odio debido a unas publicaciones hechas en su perfil personal de Twitter.
También resalta la detención, nuevamente de la periodista Mimí Arriaga, quien había recibido la medida de arresto domiciliario el mes anterior. Sin embargo, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas la volvieron a detener alegando que había una orden de captura en su contra.
El mes cerró con la detención por más de una hora del reportero gráfico del Correo del Caroní, William Urdaneta, quien se encontraba en la redoma de Makro de Puerto Ordaz haciendo fotografías sobre el tráfico en la zona cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvieron durante ese tiempo sin informar sobre su paradero o las causas.
Ataques a portales y periodistas
Nuevamente el portal Alberto News fue víctima de ataques cuando la operadora Movistar bloqueó el acceso a las diferentes direcciones que ha tenido el sitio para sortear la censura.
El portal de El Diario también sufrió un ataque al reportar 18 millones de solicitudes desde Rusia, China y Nigeria, lo que provocó que el 26 de julio colapsara el servidor donde está alojado el sitio web y los usuarios no pudieran tener acceso al mismo.
Mientras que en campo, un capitán del Ejército prohibió al equipo del medio digital Venezolanos por la Información (VPI) en Barquisimeto grabar las colas frente a la antigua sede de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Lara para obtener el salvoconducto.
También reportaron que la periodista española Esther Yánez fue señalada por una cuenta en Twitter llamada Lechuguinos de intentar ingresar a una rueda de prensa identificada con el canal teleSUR. También denunció que ya había recibido amenazas desde ese mismo perfil.
Al periodista y director del portal Armando Info, Roberto Deníz, también le llegaron amenazas hacia finales del mes luego de publicar información relacionada con el empresario Alex Saab, vinculado con presuntas tramas de corrupción con el gobierno venezolano.
