Un grupo de instituciones sociales y organizaciones de derechos humanos en Perú emitió un pronunciamiento este martes 10 de noviembre ante lo que consideran un golpe de estado con la destitución de Martín Vizcarra como presidente por parte del congreso.
En primer lugar, rechazan el supuesto golpe de Estado y la vacancia presidencial que distorsiona el artículo 113 de la Constitución peruana, referido a la “incapacidad moral permanente”, y deja al país en una situación de incertidumbre, «en el preciso momento que enfrentamos la mayor crisis sanitaria, económica y social».
Por otro lado, consideran que la decisión del Congreso pone en cuestión el Estado de Derecho, el equilibrio entre poderes del Estado, los avances en la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema de justicia, como es la elección de las y los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otras importantes autoridades judiciales y fiscales.
En ese sentido, los activistas exigen, primero, al Congreso de la República respetar el Estado de Derecho y reconsiderar la votación que aprobó una vacancia inconstitucional, y que adolece de nulidad.
En segundo término, demandan la suspensión del proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional por no contar con las garantías de imparcialidad ni transparencia. Y se separe de las comisiones parlamentarias a los congresistas que tengan sentencias judiciales firmes y/o investigaciones por delitos de corrupción.
También exigen al poder legislativo y judicial, respectivamente,
- se garantice el cumplimiento del calendario electoral de las elecciones generales del 11 de abril y el respeto de la autonomía de los organismos electorales.
- Al Tribunal Constitucional resuelva con carácter de urgencia la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, especificando los parámetros que evite el uso arbitrario de la causal de incapacidad moral permanente a fin de impedir su uso en beneficio de intereses subalternos.
- A todos los poderes y autoridades del Estado, defender y garantizar el orden constitucional, el respeto a las instituciones, la democracia y la transparencia.
- Asimismo, se garantice el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta de las movilizaciones ciudadanas en rechazo al golpe de Estado.
Finalmente los representantes de las ong solicitan a la OEA la aplicación de la Carta Democrática y a la población en general a mantenerse en constante movilización.
El documento fue firmado por más de 80 organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.
Con la destitución de Martín Vizcarra como presidente del Perú por supuesta «incapacidad moral», y la asunción del congresista Manuel Merino como nuevo mandatario encargado, la nación suramericana vive uno de los peores momentos de su ya prolongada crisis política e institucional.
