El periodista Rolando Goyes García, integrante de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape), aseguró que hay “calma” de parte de los ecuatorianos respecto al decreto de la disolución del Parlamento ordenada por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
“Luego de que se decretara la figura de muerte cruzada, se podría pensar que las personas iban a salir a las calles a rechazar estas medidas y hemos visto total calma. Las personas siguen realizando sus actividades cotidianas. Esto se podría interpretar como que la ciudadanía ha respaldado la muerte cruzada”, enfatizó el periodista en un diálogo que tuvo con la conductora del programa De Primera Mano para Radio Fe y Alegría Noticias.
“Existe calma. Las personas respaldan al presidente Guillermo Lasso”, comentó. Respaldó esta observación en una consulta popular que hizo la Corape este jueves 18 de mayo.
Añadió que la ciudadanía podría estar a favor de Lasso porque han cuestionado el trabajo de los asambleístas y se puede considerar que tienen un bajo porciento de credibilidad hacia el Parlamento, debido a que no han logrado solucionar la inseguridad que se vive en el país.
“En los últimos meses se han podido evidenciar sicariatos, muertes violentas, femicidios, y esto ha sido cuestionado a la Asamblea. Se impusieron (de parte de Lasso) también algunos proyectos de ley en materia de seguridad para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pudieran trabajar de la mano a salir a las calles y esto fue rechazado por los legisladores”, apuntó.
¿Qué llevó a la “muerte cruzada” en Ecuador?
En contexto, el presidente Guillermo Lasso, un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, tomó la decisión de disolver el Congreso legislativo y solicitar la convocatoria de elecciones generales.
El presidente se encontraba en una situación complicada, enfrentando un juicio político en la Asamblea Nacional, la cual es liderada por la oposición, encabezada por el partido Unión por la Esperanza (UNES). Este es el partido de izquierda que maneja el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica con un asilo político que lo protege de las condenas pendientes por corrupción en Ecuador.
La acusación en contra de Lasso se basa en el delito de peculado, que implica la malversación de fondos.
La oposición ecuatoriana le reprocha a Lasso no haber dado por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers, para el transporte de derivados de petróleo.
En respuesta a esta situación, Lasso firmó el decreto para disolver la Asamblea basándose en la llamada “muerte cruzada”. Esta medida, contemplada en el artículo 148 de la Constitución, permite al presidente disolver la Asamblea una sola vez en los primeros tres años de su mandato.
La “muerte cruzada” se queda
Posterior a todo lo sucedido, se suma la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, quien dio respuesta a una serie de demandas interpuestas para evitar la disolución del Parlamento.
El Tribunal Supremo de Ecuador emitió seis fallos en los que rechazó las demandas de inconstitucionalidad y los pedidos de medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado, según un comunicado oficial del organismo.
Esto confirma y ratifica la decisión tomada por el presidente Lasso el miércoles, lo que abre la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas.
Estos fallos se producen en respuesta a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por Virgilio Saquicela, ex presidente del Congreso, y otros ex parlamentarios en contra de la decisión de Lasso de disolver la Asamblea Nacional.
El tribunal también dejó claro que no tiene competencia para pronunciarse sobre la verificación y fundamentación de la causal de grave crisis política y conmoción interna, y que ninguna otra autoridad judicial en el país tiene esa competencia.
Según el periodista Rolando Goyes Garcia, las elecciones van a darse y Lasso podrá participar sin ningún impedimento porque, según refieren analistas políticos, la ley no le impide su reelección en medio de este contexto, a menos que se pueda probar el delito de peculado del que se le acusa.
“La Corte Constitucional en ningún momento señaló que el presidente haya incurrido en este supuesto delito de peculado”, afirmó.
Al respecto, el periodista destacó que no es lo mismo los enjuiciamientos políticos que los legales.
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