Cinco masacres enlutaron a las familias colombianas en las últimas semanas, todas ellas contra jóvenes y líderes sociales, lo que despertó la alarma de las organizaciones de Derechos Humanos y a los ciudadanos.
Pobladores de distintas ciudades y áreas rurales de Colombia han denunciado la militarización de sus territorios, así como el resurgimiento de grupos paramilitares. Además, se quejan de que las autoridades hagan caso omiso a sus denuncias frente a la grave emergencia humanitaria que enfrentan.
Temilda Vanegas Fuentes, miembre de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, es una de las denunciantes.
Temilda perdió a su esposo, Jorge Franco Argumedo, que salió de Cartagena el 4 de noviembre de 1987 y fue hallado muerto 45 días después en Barranquilla.
«Venían asesinando de uno a uno a los desmovilizados de las FARC después de la firma del tratado de paz. Posteriormente empezaron a asesinar a los líderes sociales, hombres y mujeres, sin contemplación de ninguna especie. Ahora, a partir del momento en que la Corte Suprema de Justicia define la situación de Álvaro Uribe con detención domiciliaria, se han recrudecido las masacres en este país», dijo la activista.
Vanegas Fuentes lamentó que los ataques vayan dirigidos a jóvenes indígenas, universitarios y campesinos, a quienes considera el futuro de Colombia. Además, acusó al gobierno nacional de no pronunciarse sobre los hechos violentos.
«Cuando creíamos que la tan esquiva y anhelada paz nos iba a llegar, es cuando más difícil se ha vuelto la situación de derechos humanos en nuestro país», concluyó.
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Con información de Olmedo Carrasquilla, Radio Temblor Internacional, para Aler Contacto Sur.
