Este jueves 8 de octubre se debatirá en la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley constitucional antibloqueo, consignado por el presidente de la república la semana pasada.
Nicolás Maduro insistió este miércoles, en su alocución nocturna, que el nuevo instrumento legal le permitirá darle más poder a la organización popular para la toma decisiones en las áreas de la economía, las finanzas públicas y productivas.
Dijo que el hecho de que supuestamente el casi 90 por ciento de los encuestados, unas 13 millones de personas, por el sistema Patria haya aprobado la propuesta refleja que la nueva ley tiene el consentimiento de la mayoría de la población y que rechaza las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
El mandatario afirma que este mecanismo le posibilitará afianzar las condiciones internas para mejorar los indicadores económicos y reactivar la producción nacional y de esa forma poder enfrentar otras futuras sanciones económicas y comerciales provenientes del exterior.
Sin embargo, en el proyecto no se especifica cuáles serían esos modos «internos» para recuperar, por ejemplo, la producción petrolera, principal incentivo del país en la captación de su renta nacional.
Desaparecerían gobernaciones y alcaldías
Expertos en ciencias políticas coinciden en señalar que este planteamiento intenta instaurar el famoso Estado comunal que varias veces promocionó el fallecido Hugo Chávez.
Con esto estarían en riesgo de desaparecer alcaldías y gobernaciones como instancias locales y regionales para dirigir los asuntos públicos en las entidades federales.
Ante estos anuncios de Maduro algunos especialistas en materia constitucional han hecho otras advertencias que encienden las luces rojas.
El politólogo de la UCV Daniel Arias alerta que lo que se pretende con esta ley es oficializar un Estado en situación de guerra lo que implicaría, según su criterio, «establecer una definición del país entre patriotas y enemigos, crear instrumentos jurídicos para anular políticamente a todos los elementos opositores que le sean adversos».
Un cheque en blanco
Dicho de otro modo, Arias cree que con esta ley Maduro adquiere poderes plenipotenciarios «legales» para tomar decisiones en todos los planos sin necesidad del control y la fiscalización de otros poderes.
En ese sentido, el abogado Gustavo Manzo, consultado por Efecto Cocuyo, concluye que «es un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo para tomar cualquier medida que considere necesaria con el pretexto de contrarrestar los efectos de las sanciones, la mayoría procedente de Estados Unidos. Lo más grave es que el régimen autoritario toma el camino del totalitarismo, es decir, toma todos los espacios y dispone”.
Otro de los articulados controversiales que presenta la propuesta hecha por Maduro es el concerniente a las competencias de los poderes judicial y ejecutivo.
El artículo 17 del proyecto establece que «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización, o a mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan el flujo de divisas, el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”.
Es decir, el ejecutivo nacional se abrogará facultades que solo le corresponden al Tribunal Supremo de Justicia en virtud de la denominada separación de poderes, con lo cual se estaría violando el artículo 136 de la constitución nacional que consagra esta figura de la independencia institucional.
Sin embargo, como se da por hecho la aprobación del instrumento en la sesión de los constituyentes las alarmas se encienden desde ya porque se le concede al primer mandatario un gran «poder de discrecionalidad».
En una próxima entrega revisaremos los capítulos concernientes a la economía y a la producción nacional, dos áreas que también corren serios peligros si se consagra, ahora con ley en mano, un estado totalitario.
