El pasado 28 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue radicado el proyecto de resolución para renovar los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, para ser votado el próximo 6 y 7 de octubre.
En el caso de la Misión, el proyecto busca renovar su mandato tal como existe y por un período de dos años hasta septiembre de 2024.
Sin embargo, pese a las altas expectativas que existe en el concierto de las ONG en materia de derechos humanos, de las cuales más de 120 pidieron en el mes de agosto su renovación, no está muy segura esta posibilidad en virtud de que varios de los países que inicialmente propusieron su establecimiento ya se retiraron, como es el caso de Colombia y Argentina.
¿Qué dice el proyecto de resolución?
El proyecto dice que se “decide prorrogar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, tal como se establece en la resolución 45/20, por un período de dos años, con el fin de luchar contra la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, y pide a la misión que presente una actualización oral de su trabajo durante un diálogo interactivo en los períodos de sesiones 52 º y 55 º del Consejo, y que prepare informes escritos sobre sus conclusiones, que se presentarán al Consejo durante un diálogo interactivo en sus períodos de sesiones 54 º y 57 º” (Traducción libre)
Esto significa que de ser aprobada la resolución, los informes orales y escritos deberían ser presentados durante las diferentes sesiones hasta septiembre de 2024 y se mantendría la competencia para, según la Resolución 45/20 “seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
También se renovaría el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU
La resolución también renovaría el mandato del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU para que “siga vigilando, informando y prestando cooperación técnica con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” y también solicita que presente “actualizaciones orales al Consejo de Derechos Humanos en sus períodos de sesiones 52º y 55º, que irán seguidas de diálogos interactivos” e “informes escritos exhaustivos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que contengan una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores, y que los presente al Consejo en sus períodos de sesiones 53º y 56º, que irán seguidos de diálogos interactivos”. Es decir que se presentarían informes de la OACNDUH hasta junio de 2024.
La reacción del gobierno
El lunes 26 de septiembre, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU que investiga sobre la comisón de crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentó su tercer informe. En esta tercera entrega informó que la DGCIM y el SEBIN son organismos del “aparato represivo” del gobierno que preside Nicolás Maduro, y cuyos jefes que solo le rinden cuentas a los altos jerarcas del partido oficialista PSUV.
También la Misión dijo que ambos organismos persiguen y ejecutan detenciones al margen de la ley, desapariciones forzadas, torturas, hostigamientos y otros contra militares y civiles, políticos y defensores de derechos humanos en Venezuela.
Ante estas afirmaciones de la Misión, el gobierno venezolano mostró se rechazo asegurando que las “acusaciones son falsas y sin fundamentos”.
Mediante un comunicado oficial, el gobierno de Venezuela aseguró que el informe es parte de una “estrategia criminal” que lidera Estados Unidos en su intento de obligar a un cambio de gobierno en en el país.
También catálogo a la Misión como un “mecanismo paralelo, bárbaro e injerencista”.
El dato
La resolución deberá ser aprobada por mayoría de votos positivos durante los últimos dos días de periodo de sesiones, es decir entre el 6 y el 7 de octubre. El proyecto fue radicado en esta oportunidad por Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, como principales patrocinadores.
