La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas presentó este lunes 16 de setiembre el tercer informe sobre sus abordajes sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad ante el Consejo de Derechos Humanos.
El informe, que fue presentado por Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente y tenía dos ejes como foco de atención: la represión y torturas aplicadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y los efectos perjudiciales cometidos con la explotación del Arco Minero del Orinoco.
Según la Misión, «ambas agencias (de seguridad) son parte de una maquinaria orquestada para disuadir a los opositores al gobierno, dirigida por personas en los más altos cargos políticos».
La Misión también determinó que el SEBIN es un órgano represor del gobierno venezolano, cuyo principal objetivo son los opositores: de esto modo, estarían encargados de perseguir, realizar detenciones arbitrarias y ejecutar allanamientos al margen de la Ley.
Por su parte, la DGCIM tendría como objetivo fundamental la persecución y detención de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que muestran algún tipo de rompimiento o disidencia con representantes del ejecutivo nacional.
Además, este organismo de inteligencia militar también sería el encargado de perseguir a familiares de los militares o personas vinculadas al esquema militar que muestran su descontento con el gobierno venezolano.
Lo más grave es que ambos casos, tanto el SEBIN como la DGCIM, serían organismos controlados por los más altos factores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quienes reportan directamente sus acciones.
Violencia sexual y de género
Valiñas también aseguró que «ambas agencias usan la violencia sexual y de género, incluyendo electroshocks en los genitales para humillar a las víctimas».
En este contexto, la violaciones de Derechos Humanos «han ocurrido en un clima de casi total impunidad», aseguró la Misión en el informe. Además, afirman que pocos funcionarios de inteligencia han tenido que rendir cuentas y todos ellos han sido de bajos rangos.
La información recabada en este tercer informe se circunscribió a tres zonas fronterizas con Venezuela debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no otorgó el permiso para el ingreso de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas.
