Varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores en Venezuela, rechazaron, la madrugada de este domingo, la detención de la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Presuntamente, la detención de San Miguel ocurrió el viernes 9 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, desde donde tenía previsto tomar un vuelo junto a su hija.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) rechazó “enérgicamente” la detención de la presidenta de Control Ciudadano, de quien reconocen su experticia en “temas de seguridad y defensa” y exigen su liberación de forma inmediata.
“Recordamos que defender derechos humanos y ejercer la libre expresión y el derecho a la información no son delitos y están consagrados en la Constitución y en convenios internacionales”, expresó JEP en la red social X.
Por su parte, la organización Provea exigió también que se libere inmediatamente a San Miguel y denuncia que “este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos”.
Víctima de acoso y persecución
En ese sentido, aseguró que San Miguel es víctima de “acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano”, y que su detención “constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”.
A juicio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), esta detención “se enmarca dentro de la aplicación del patrón de criminalización, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y la sociedad civil en general”, que “se exacerba en los contextos electorales”, en referencia a las presidenciales de este año.
Los partidos opositores Primero Justicia y Encuentro Ciudadano rechazaron también la detención e hicieron un llamado a la comunidad internacional a expresar su condena.
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