El ex-parlamentario y defensor de los Derechos Humanos, Rafael Narváez, considera que el Estado venezolano ha sido «indolente» en materia de Derechos Humanos.
Durante una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, Narváez señaló que el gobierno nacional vulnera reiteradamente el artículo 19 de la Constitución, que le obliga a garantizar el disfrute de los Derechos Humanos.
Narváez se refirió así al tema de la salud pública, afirmando que los pacientes de los principales hospitales del país se encuentran indefensos por la falta de insumos y medicinas:
«Lo más doloroso es que el Estado luce indolente, no se pronuncia, no hace un esfuerzo para un punto de encuentro para buscar la forma de salvar vidas. Porque el Estado está en la obligación de salvar vidas.»
El abogado continuó hablando sobre la situación de los pacientes recluidos en el hospital infantil José Manuel de los Ríos, donde 9 niños han muerto debido a la suspensión del programa de trasplantes en el año 2017.
«Porque PDVSA no pagó. Ya van 9 niños que han tenido que morir porque no hay trasplantes de médula osea. ¿Cuántas veces no hemos visto el clamor de las enfermeras, de los médicos (…) porque no hay medicamentos, no hay quimioterapias?», inquirió.
Igualmente, destacó que en el estado Anzoátegui fallecieron más de 60 personas por falta de antiretrovirales en la región.
Manifestaciones y Derechos Humanos
Rafael Narváez también habló sobre el derecho a la protesta, destacando el artículo 68 de la Constitución que garantiza el derecho a la protesta pacífica y el contraste con las manifestaciones de los años 2014 y 2017.
«Sacaron a la Guardia Nacional, al Sebin, al Conas, grupos que no están preparados ni conocen el principio de progresividad de Derechos Humanos, que no conocen el límite del uso desproporcionado de la fuerza establecido en los pactos que hemos suscrito», agregó.
Narváez continuó detallando las acciones de estos cuerpos policiales: «Hubo 5 mil 335 detenciones arbitrarias, entraban a las casas, las allanaban, incomunicaban a los detenidos y los ubicaban en el Dgcim, en el Sebin», destacó.
Lamentó que, en ese momento, ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público actuaron en consecuencia, violando el debido proceso.
«Hay una impunidad de un 98% en donde los guardias nacionales, el Sebin, el Conas, son premiados y ascendidos de otros cargos porque supuestamente defendieron a la República.»
Destacó también el caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió víctima de torturas mientras permanecía privado de libertad y cuyo caso, según Narváez, permanece impune.
Escuche, a continuación, la entrevista completa al abogado Rafael Narváez:
