El gobierno de Trinidad y Tobago informó que investiga los hechos que terminaron con el asesinato de un niño venezolano de un año de edad en aguas territoriales de la isla en una reunión de urgencia para tratar el caso en la OEA.
El bebé venezolano viajaba junto a su mamá en una embarcación junto a otras 37 personas que pretendían llegar a Trinidad y Tobago el pasado 6 de febrero de 2022.
El día del asesinato, el bote donde se trasladaban los migrantes venezolanos fue abordado por Guarda Costas de la nación caribeña. En un intento de parar la embarcación los funcionarios dispararon, y uno de los proyectiles hirió mortalmente al niño.
“Está en proceso la investigación de la desafortunada muerte del bebé venezolano», dijo el Primer Ministro, Keith Rowley. La afirmación ocurrió en medio de una asamblea de la Organización de Estados Americanos convocada por su Secretario General, Luis Almagro.
El funcionario reiteró sus palabras de condolencias para los familiares del niño que vivía en Valle Encantado, una zona rural cercana a Tucupita, capital del estado Delta Amacuro.
La semana pasada rechazó en una conferencia de prensa los señalamientos de «asesinos» que desde Venezuela se le tildó a los funcionarios que dispararon contra la embarcación. Rowley dijo que actuaron siguiendo los debidos protocolos.
«Los venezolanos están protegidos»
Keith Rowley también aseguró que los venezolanos que se encuentran en territorio trinitobaguense están bajo la protección de las leyes de la isla
“Las personas venezolanas en nuestro territorio se encuentran protegidas por nuestras leyes», dijo el Primer Ministro.
Pese a que este cambio de discurso marca distancia de sus últimas alocuciones sobre este caso, Trinidad mantiene una política de deportación de venezolanos. Incluso, los detenidos en el marco del abordaje que terminó con la muerte del niño, fueron repatriados a Venezuela.
Esta política, aunque está sustentada en las leyes, ha sido cuestionada dada su ejecución en contra de los ciudadanos venezolanos que huyen del país debido a la grave crisis política y humanitaria en la que está sumida el país petrolero.
Rowley también hizo notar la preocupación del gobierno de Trinidad y Tobago por el auge de criminalidad en la isla. Las actividades ilegales estarían ligadas a la explotación de los migrantes venezolanos, a través del tráfico de personas, según afirmó.
Además, cuestionó que continúen los viajes ilegales desde Venezuela a la isla arriesgando sus vidas.
