A un mes de los sucesos de La Victoria continúan las denuncias de otras presuntas ejecuciones extrajudiciales

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A propósito de cumplirse este 21 de abril un mes de los primeros enfrentamientos armados entre militares venezolanos e irregulares en la población de La Victoria y otras zonas de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez, ubicado en la frontera del Alto Apure, el activista de derechos humanos Walter Márquez y la ONG PROVEA denuncian otras presuntas ejecuciones extrajudiciales en la zona.

En el caso del ex diputado tachirense afirma que tras realizar una nueva visita a ese eje fronterizo que separa al estado Apure con el Departamento de Arauca y luego de conversar con los familiares de las cuatro personas que resultaron muertas el pasado 25 de abril en la locación de El Ripial aseguró que «los miembros de la familia Ramírez Remolina trabajaban como agricultores en la finca Los Caracaros, en las cercanías de La Victoria, pero fueron detenidos y hechos prisioneros en su casa, ubicada en el barrio 5 de Julio de La Victoria, donde los funcionarios militares y policiales cometieron destrozos».

Márquez aseveró que «el argumento para detener a la familia Ramírez Remolina era que tenían doble cédula, venezolana y colombiana, cuando esa es una realidad permanente debido al constante intercambio económico, cultural y social en la frontera, y es un derecho constitucional desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Constitución de la República de Venezuela desde 1999».

El también presidente de la Fundación El Amparo reveló en esta ocasión que tuvo conocimiento de otra presunta ejecución extrajudicial en contra de un joven nativo del estado Zulia que trabajaba en La Victoria al momento de las primeras detenciones practicadas por agentes de seguridad. «A Julio César Jiménez lo detuvieron en las cercanías de la panadería del sector Alí Primera de La Victoria y fue llevado prisionero en presencia de varias personas que incluso intercedieron por él, allí le dijeron ‘ahora sí vas a conocer el infierno’, frase que han repetido los grupos comandos del FAES en otros lugares”, precisó.

Para la ONG de derechos humanos PROVEA esta «sería la sexta presunta ejecución extrajudicial desde el 21 de marzo». Y agregan que «se investiga de otros cuatro casos».

En esta línea tanto el ex diputado como la organización exhortaron al Fiscal General de la República, Tareck William Saab, a a solicitar el enjuiciamiento de los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) «por haber simulado un enfrentamiento con cinco ciudadanos en El Ripial, cuando en realidad fue una ejecución de prisioneros».

El ex parlamentario nacional acotó que en los análisis de las fotografías también se pueden observar torturas y en algunas de las víctimas tiros de gracia. “La situación se agrava cuando el gobierno ha dicho que hay nueve fallecidos oficialmente pero solo se conocen cinco muertos, por lo que faltan cuatro cuerpos más. Allí hay una situación bien grave que obliga a Tareck William Saab a actuar de manera diligente y directa. No tiene ningún argumento para no actuar ciudadano fiscal de facto de Venezuela y ser garante de una investigación imparcial y transparente”.

Con la misma vehemencia también emplazan al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, a no seguir guardando silencio y a investigar igualmente estos hechos que de comprobarse constituirían una flagrante violación de derechos humanos.

Según Márquez los pobladores de la parroquia Rafael Urdaneta le han solicitado que proponga a nivel nacional e internacional la creación de alto nivel en la que participe la Alta Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participe la propia Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y yo me ofrezco a acompañarlos para demostrarles todo lo que ocurrió allí».

Afirmó que «es irrefutable que allí se simuló un hecho punible, que en vez de una confrontación y un enfrentamiento lo que hubo fue un ajusticiamiento. Estamos en presencia de la ejecución de prisioneros, como en la época Nazi, que a los judíos los detenían y después los ejecutaban”.

Sobre los 26 civiles detenidos y que fueron trasladados al pabellón de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente del estado Táchira, Márquez dijo que tenía constante contacto con sus familiares informando que les estaban brindando acompañamiento y asesoría jurídica.

De acuerdo a los boletines oficiales del Ministerio de la Defensa hasta la fecha se reportan 6 militares muertos, 4 de ellos en los combates, y 2 por un accidente con un mortero.