El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 187 actos de criminalización contra trabajadores de los medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas a la política y contra algunos ciudadanos, entre los que se destacan 10 acciones de hostigamiento y amenazas contra periodistas.
Sobre los ataques a comunicadores sociales el estudio determinó que los mismos se hicieron desde cuentas digitales vinculadas a estamentos del gobierno nacional y del oficialismo.
Entre los hechos de hostigamiento y persecución contra comunicadores y medios informativos, resalta el cierre por parte de CONATEL de la emisora Kalidad 90.3 FM , en la población El Piñal, municipio Fernández Feo del estado Táchira, a principios de enero de este año.
Igualmente, el informe menciona las acusaciones del gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, contra el diario Los Andes, por publicar tres trabajos en los cuales se reflejaban que se les estaba obligando a los trabajadores de ese ejecutivo a participar en las marchas del oficialismo el 23 de enero.
Monitoreo de Cepaz sobre periodistas y medios
El monitoreo de la ONG también reseña varios casos en los que algunos periodistas y medios de comunicación venezolanos salieron afectados por hostigamiento, amenazas y criminalización.
«La periodista Carola Briceño fue víctima de ataques de difamación y estigmatización digital. Briceño fue acusada, sin pruebas, de liderar una red de extorsión contra empresarios y políticos. Esto ocurrió luego de que la periodista publicara una serie de trabajos de investigación sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, presuntos testaferros de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
Los periodistas Mariángela García y Eduardo Ruiz y el medio de comunicación digital Notifalcón, fueron atacados discursivamente por Nelson Semeco, político y administrador del perfil en Instagram “@elpiloncitove”. Semeco acusó a los periodistas de estar confabulados con los dueños de un reconocido supermercado del sector luego de que Ruiz publicara una información sobre presuntas redes de extorsión a comerciantes.
También los periodistas José Gregorio Meza, Carolina Briceño y Ramón Hernández fueron víctimas de acciones de intimidación por parte del Ministerio Público. En el caso de Meza un fiscal, junto a una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, detuvieron al comunicador para interrogarlo. De acuerdo con los funcionarios, el periodista debía declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Briceño y Hernández fueron requeridos por el mismo caso ante el Ministerio Público».
Los ciudadanos no se escapan de estos hechos
En cuanto a la documentación de casos en contra de la ciudadanía en general, Cepaz advirtió que en ese renglón es mucho más difícil cuantificar el número de víctimas, toda vez que son muchos los ciudadanos involucrados en estos hechos.
Sin embargo, reseñan actos contra familiares de periodistas, del exdiputado a la AN y defensor de derechos humanos Walter Márquez, contra educadores que han sido destituidos de sus cargos por mantenerse en protesta, trabajadores de SIDOR, de centros hospitalarios y sindicalistas.
Al ratificar que continuarán con este monitoreo mensual alertaron que la cifra de actos de esta índole solo en el primer mes de 2023 proyecta que será un año muy difícil para el trabajo de los comunicadores sociales, activistas, militantes de partidos políticos, fundamentalmente de oposición y medios de comunicación.
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