Defensores de pueblos indígenas alertan sobre hermetismo en hechos de Parima B

200
Militares Yanomamis
Archivo

José Mejías, representante de Fundaredes en el estado Amazonas, denunció el hermetismo y el secretismo que rondan las investigaciones sobre el asesinato de 4 indígenas yanomamis el 20 de marzo en la comunidad de Parima B, municipio Alto Orinoco.

El hecho violento fue protagonizado por militares de la Aviación venezolana acantonados en una base militar e indígenas en una pugna por el acceso a internet.

Según Mejías, las investigaciones en torno a estos hechos se desarrollan en medio de un inusual hermetismo y marcado presuntamente por la parcialización.

El activista presume como uno de los hechos más graves la supuesta disposición del Ministerio Público (MP) de acusar al capitán yanomami Sabino Silva, según datos que maneja desde los mismos originarios.

Sin embargo, de parte de la Fiscalía General de la República tampoco se ha conocido ninguna información a pesar de que designó a una comisión de dos fiscales especiales para investigar los hechos.

El coordinador de Fundaredes en el estado Amazonas tampoco precisó los supuestos cargos que le imputarían al líder originario yanomami. Esta desinformación sería consecuencia del hermetismo que mantienen los organismos del Estado sobre esta causa.

Advirtió que las instituciones nacionales estarían llevando a cabo unas investigaciones parcializada.

«Conformaron comisiones con los amigos de ellos. El Consejo Legislativo del estado Amazonas nombró tres diputados todos simpatizantes del Gobierno”, denunció Mejías.

También aseguró que ni la Defensoría del Pueblo puede actuar en esta caso por estar marginada. De acuerdo con Mejías, la Defensoría del Pueblo sólo ha tenido una actuación de oficio. No obstante, no está incluida dentro de la comisión que debe estar presente en todo el proceso de investigación.

Ante estos hechos, teme que Sabino Silva no tenga la representación y la asesoría legal que amerita en estos momentos. También advirtió que si el Estado no garantiza una asistencia legal adecuada el proceso estaría viciado y sujeto a nulidad.

Trascendió que las investigaciones están a cargo del fiscal 91 del Área Metropolitana de Caracas con competencia nacional.

La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (COIBA) tampoco tiene acceso a los informes sobre este caso, según José Mejías. Además de esta organización, otras instancias defensoras de los pueblos indígenas exigieron en un comunicado una investigación imparcial y justa.

Por su parte, el abogado de Foro Penal, capítulo indígena, Olnar Ortiz publicó este miércoles 30 de marzo en su cuenta de la red social Twitter que se encontraba con Gabriel Silva, hermano del yanomami sobreviviente, formulando formalmente la denuncia ante el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.

El también defensor de los derechos de pueblos indígenas, al igual que Mejías, alertó sobre la no información oficial que impera sobre las averiguaciones del suceso y la determinación de responsabilidades.