Un informe presentado por la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) y la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) reveló que al menos 116 infantes y adolescentes perdieron la vida en Venezuela entre diciembre de 2022 y julio de este año debido a la precariedad en los hospitales y la negligencia.
La investigación, presentada este martes 26 de septiembre, destacó que la negligencia es la principal causa de muerte de estos jóvenes, seguida de la falta de suministros médicos y la ausencia de personal médico especializado en los principales centros de salud.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, y Carla Serrano, socióloga y secretaria adjunta de la Redhnna, también denunciaron que otras causas de muertes provienen de casos de violencia social y delincuencia.
Las estadísticas: 6 casos de abuso se registran día a día
Según el informe, se registraron 1.541 situaciones relacionadas con muertes, abusos y violaciones a la integridad y derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a un promedio diario de 6 casos.
Los estados con mayor cantidad de hechos violentos contra la niñez y adolescencia son Anzoátegui, Zulia y Carabobo.
La investigación también reveló que al menos 40 infantes y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país, y en la mayoría de los casos las víctimas murieron por disparos durante robos, enfrentamientos o discusiones.
Además, se reportaron 22 casos de niños y niñas que murieron a manos de sus padres u otros familiares después de sufrir maltratos. También se registraron casos de suicidio, femicidio, abuso sexual y violencia policial.
Exhortaron al Estado a proteger la vida de los niños
Carlos Trapani enfatizó que la negligencia es un factor que debe ser reflexionado por la sociedad venezolana y denunció que el Estado no ofrece políticas públicas ni servicios para que los padres sean más responsables.
En este contexto, en el informe se subrayó la necesidad de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia y proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en el país a través de servicios y programas especializados.
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