El viaje de Lucía y sus siete hijos demoró en total cinco días, desde que cruzó la puerta de una casa prestada en su natal Los Cocos, en Delta Amacuro, hasta que abrazó a su esposo en Penal-Debe, Trinidad y Tobago.
Antes de zarpar los organizadores del traslado ilegal ocultaron a todos los pasajeros en una zona boscosa de Palo Blanco, al noreste de Tucupita, capital de Delta Amacuro. De allí debían salir solo cuando fueran notificados.
Después de recibir la señal de avanzar, caminaron durante una hora hasta llegar al puerto. Allí abordaron un bote y partieron hasta “La Barra”, una zona de la costa en Delta Amacuro, pero hay varias de ellas, Lucía no supo cuál de todas.
En ese sitio tuvieron que esconderse una vez más entre la maleza mientras un grupo armado que controla la zona recibía el pago de parte de los organizadores del viaje por dejarlos pasar. Ninguno de estos hombres debía ver a los viajeros para evitar otro tipo de problemas: como que les guste una muchacha y se la lleven.
Huir de Venezuela
En Tucupita Lucía trabajaba como camarera en el materno “Dr. Ismael Brito”. Ganaba un sueldo mínimo que para ese momento era de 400.000 bolívares, el equivalente a 0,92 dólares según el cambio oficial.
Vivía en una casa de zinc junto a sus siete hijos en un terreno que la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ordenó desalojar con militares.
Sin tener un lugar para alojarse Lucía y sus hijos durmieron en las calles durante dos días, hasta que le prestaron una casa en Los Cocos, allí vivió hasta el 2020.
Ese año su esposo pagó 1.600 dólares para que ella y sus hijos viajaran hasta Trinidad y Tobago. Él ya había realizado un viaje ilegal hasta ese país y quería reunir a la familia.
El esposo de Lucía saldó una parte del pasaje con dinero en efectivo y otra con un congelador y una desmalezadora.
Una galleta hecha puré
Cuando finalmente lograron cruzar hasta Trinidad y Tobago, Lucía y sus siete hijos encallaron a pocos metros de la orilla, en una zona cercana a Morne Diablo.
Estaban sedientos y con mucha hambre, pero no se atrevían a lanzarse al agua hasta tanto no ver a las personas que irían por ellos. Otro motivo para no moverse del sitio era que pisar tierra firme podría ponerles en peligro de ser detenidos por la policía trinitaria.
Pasaba el tiempo, las olas golpeaban con más fuerza el bote y el sol estaba por ocultarse. Dos hijas de Lucía ya no podían aguantar más el hambre y la sed, fue cuando todos decidieron nadar hasta la orilla. La posibilidad de que alguien los ayudara se veía lejana.
Estaban contra la espada y la pared. Si se quedaban en la embarcación morirían de hambre, pero en la playa podían ser arrestados y deportados a Venezuela.
Empapados, con frío y hambre, los hijos menores de Lucía Mendoza lloraban. En la entrevista telefónica que ofreció a Radio Fe y Alegría Noticias Lucía dijo que todavía recuerda a un joven que viajó con ellos hacia Trinidad, este pudo salvar su bolso cuando nadaban hasta la orilla, en su interior encontró una galleta mojada con agua de mar que se hizo puré y la compartió entre los niños.
Al anochecer los otros migrantes venezolanos que viajaron con Lucía decidieron salir del bote y un policía los detuvo. Estas personas condujeron a los oficiales al lugar donde se encontraba el resto del grupo y todos fueron arrestados.
Ninguno de los policías hablaba ni entendía el español. Solo un migrante sabía el idioma y ayudó a traducir. Los funcionarios le preguntaron a Lucía quién era la persona que la recibiría en ese país, y ella negó que alguien la estuviera esperando. Su hija tenía fiebre y todos estaban a punto de desmayarse por el cansancio.
Al ver sus rostros, los policías les dijeron: “go, go, go quickly and let no one else see you”, que en español significa: váyanse, váyanse, váyanse rápido y que nadie más los vea. Los migrantes venezolanos no se lo creían y calificaron este gesto como un “acto milagroso”.
Después de huir de ese sitio Lucía encontró la forma de contactar a su esposo y se dirigió hacia Penal-Debe. Allí estaba esperándoles y cuando apenas logró reconocerlos se abalanzó contra ellos y se abrazaron. Lo peor ya había pasado, o al menos así pensaban todos.
Para los venezolanos Trinidad y Tobago se ha convertido en un país prohibido ya que no hay leyes que protejan a los no regularizados. Según Lucía, la premisa de algunos trinitarios es “si están ilegales, no pueden pensar que seamos legales con ellos”.
Lucía primero trabajó en un parque acuático en Penal-Debe. El dueño, un trinitario, la regañaba a diario porque ella no entendía el inglés. Apenas respondía “ok, Sr”.
A Lucía la discriminaron por no saber el idioma, varias veces la humillaron y se iba al baño a llorar. Luego se secaba las lágrimas e intentaba atender a los clientes. Le pagaban 15 dólares trinitarios por hora y cuando quedó embarazada tuvo que renunciar, su esposo e hijo mayor asumieron la responsabilidad de proveer el dinero suficiente para mantenerlos a todos.
Una jornada laboral de 13 horas al día, corrido, en un comercio de venta de electrodoméstico en Penal-Debe, es pagada a 150 dólares trinitarios, que en ese país llaman TT (titi en inglés), unos 15 dólares estadounidenses.
Si esa persona trabaja de lunes a viernes sin descanso, a los 30 días cobrará unos 450 dólares estadounidenses. Con esa cantidad de dinero mensual podría cubrir varias de sus necesidades en Venezuela, pero en Trinidad y Tobago no, porque el arriendo supera los 250 dólares estadounidenses al mes, además de los gastos en alimentación, medicinas entre otros.
Lucía asegura que luego de dos años ya se adaptó a las condiciones Trinidad y Tobago, no le va del todo bien, pero tiene la posibilidad de ahorrar. Dice que vive en mejores condiciones que en Venezuela.
Los que se regresan de Trinidad y Tobago
Edward Moya, ex trabajador de la Alcaldía de Tucupita, no corrió con la misma suerte que Lucía. En 2019 pagó 200 dólares a una de las personas en el puerto ilegal de Tucupita para que lo llevara hasta Trinidad y Tobago.
Ya en ese país consiguió trabajo en una empresa de detergentes donde le pagaban 15 dólares estadounidenses a diario por laborar durante ocho horas.
Moya expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que el dinero que recibía apenas le alcanzaba para sobrevivir y enviar “algo” a su familia en Venezuela.
Luego de unos meses Moya consiguió trabajo en la emisora radial The Street 91.9 FM. En ese sitio le pagaban 17 dólares estadounidenses al día, “estaba más cómodo”, dijo.
Tras ocho meses de estar allí decidió regresar a Venezuela porque se enfermó. Explicó que es difícil que un migrante se trate en un hospital de Trinidad y Tobago, por lo que sin pensarlo dos veces retornó a Tucupita.
Aseguró que, en 2020, con la llegada de la COVID-19 a Trinidad y Tobago aumentó la inflación y con ella vino una ola de pérdidas de empleos.
“Todo se puso más caro. Mientras el pago para los criollos indocumentados y trinitarios en general sigue siendo el mismo desde hace tres años: entre 17 y 20 dólares al día gastos persisten sobre los mismos productos y servicio. Cada venezolano debe pagar los servicios de luz, el internet, el arriendo que es costoso en esa nación”, contó Moya.
Explicó que a los migrantes venezolanos ilegales cuando son detenidos los presentan ante un juez, quien determina si la persona puede quedar en libertad si paga una fianza, o si se inicia el protocolo de deportación; Para Moya este último proceso es violatorio de todo protocolo internacional, ya que las autoridades venezolanas no son notificadas inmediatamente.
Quienes inician este protocolo son llevados a la base aérea de Chaguaramas, en Trinidad y Tobago, los migrantes venezolanos permanecen allí por tiempo indefinido hasta que son trasladados hasta Venezuela.
La espera se alarga porque las autoridades migratorias de la isla deben reunir hasta 200 criollos y así realizar un solo viaje hacia Venezuela. De acuerdo con Moya, los venezolanos durante su estadía en Chaguaramas viven hacinados en un cuarto, padecen de hambre y también reciben maltrato por parte de los funcionarios trinitarios armados. Entre 2021 y lo que va de 2022 Radio Fe y Alegría Noticias ha recibido tres denuncias anónimas sobre esta situación.
Radio Fe y Alegría Noticias también ha hecho seguimiento a dos naufragios ocurridos en las costas venezolanas durante el 2021.
Uno de estos viajes fue para intentar llegar a Trinidad y Tobago, mientras que el otro, fue para regresar a Venezuela.
A estos sucesos se suma el hecho más reciente en el que un niño perdió la vida por disparos que propinaron funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago a una embarcación donde viajaban migrantes venezolanos.
Agencias de las Naciones Unidas como: ACNUR, OIM, ACNUDH y UNICEF expresaron su “profunda consternación” por la muerte del bebé venezolano.
Lo sucedido no solo llevó a un llamado de atención por parte de las Naciones Unidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió una exhaustiva investigación sobre este hecho, además de “sancionar a los responsables y reparar a los familiares”.
Canoas esperadas con ansias
En 1950 las relaciones entre ciudadanos de Trinidad y Tobago (que para esa época era colonia del Reino Unido) con los venezolanos era distinta.
En ese tiempo los intercambios comerciales entre estos dos países se realizaban de forma ilegal, las necesidades eran prioridad y se saltaban las leyes de los límites fronterizos.
Fue entonces cuando aborígenes del pueblo originario warao y campesinos criollos, comenzaron a vender maíz, cacao, animales de cacería, perros cazadores y arte. La frontera estaba allí, solo que invisible para ellos.
Los trinitarios esperaban con ansias el arribo de las canoas venezolanas cargadas de alimentos y productos.
Nadie era perseguido mas que por un mal tiempo. Los disparos eran los relámpagos que se escuchaban al anochecer, así lo recuerda el señor Francisco González, habitante de Tucupita, quien para ese entonces era un niño.
De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para el 2019, año en el que el gobierno de Trinidad y Tobago llevó a cabo el registro nacional de venezolanos migrantes, 16.000 criollos se apuntaron en esta iniciativa.
Sin embargo, según estimaciones de Acnur, 40.000 venezolanos permanecen en situación irregular en Trinidad y Tobago.
Entre los años 2019 y 2020 fue el periodo más violento para las mujeres venezolanas migrantes en Trinidad y Tobago. Los casos que conmovieron a Venezuela fueron:
- La modelo deltana, Stefany Flores, quien tuvo que simular su muerte tras una golpiza que le dieron hombres trinitarios, en el que participó un ex policía.
- Johanna Díaz, otra deltana de 34 años de edad, fue reportada como desaparecida en agosto de 2020. Luego su cuerpo fue hallado sin vida sepultado entre cañerías, en el patio trasero de la casa de su agresor.
- Johandrys Espinoza, quien falleció a manos de su pareja y este admitió haberla estrangulado.
Las reglas de la geopolítica
Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Juan Navarrete, abogado venezolano especialista en materia de derechos humanos, e integrante de la organización Amnistía Internacional en Colombia, sobre ¿por qué a los ucranianos no se les imponen restricciones para entrar a un país, como sí se aplica a los venezolanos? Y respondió que no se trata de un tema de derecho internacional para unos sí y para otros no, sino de reglas que la geopolítica y el manejo de la migración determinan.
“Ucrania es un país europeo que tiene países amigos, como el más próximo Polonia, que ha ofrecido la voluntad de recibirlos. Después de la Segunda Guerra Mundial todos los países han tenido una receptividad migratoria y sobre todo si se trata de una nación de la misma Europa”, explicó.
En el caso venezolano dijo que pasan dos cosas: el país más cercano, en este caso Colombia, que sería como la Polonia, no es un país que mantiene un historial de recibir migrantes forzados. Colombia más bien ha sido un país expulsor de migrantes. “8.000.000 colombianos están desplazados en el mundo. Desde 2017 a 2020, cuando recrudeció la migración forzada venezolana, dos millones de venezolanos llegaron a Colombia, pero la respuesta de receptividad no ha sido la misma”.
El representante de Amnistía Internacional aseguró que en Suramérica no se vivía una migración tan masiva.
“Estaban las de Perú y Bolivia, sin embargo, el caso de Venezuela, hay 5.000.000 de venezolanos migrantes forzados, por eso varios países de Suramérica han impuesto restricciones. No se trata de un tema de derecho internacional para unos sí y otros no, sino de reglas que la geopolítica y el manejo de la migración determinan”, argumentó Navarrete.
Aporofobia
Navarrete agregó que en Venezuela empezó a tener una migración con más fuerza en 2009, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez “radicalizó” el socialismo del siglo XXI. Se trató de una migración de clase media y clase media alta, es decir, personas con recursos suficientes para establecerse en otros países, un “plan B para vivir”.
De acuerdo con el abogado, esta migración fue aceptada en España, Miami, Costa Rica y Panamá.
A partir del 2017, con el recrudecimiento de la crisis económica y social en Venezuela, comenzó una migración forzada de venezolanos. “Fueron muchachos jóvenes entre 15 y 35 años, de estratos sociales bajos, en condiciones de pobreza”.
Afirmó que al llegar a los países destino, la recepción no fue la misma “porque son personas con necesidades de protección internacional, entonces los países que los van a acoger no comprenden esta dimensión. Por eso vemos casos de alto conflicto como en la frontera de Bolivia y Chile, o acciones y expresiones de xenofobia”.
Agregó que como son personas “pobres” no deja estar presente la aporofobia, un término acuñado por primera vez en 1995 por la filósofa española Adela Cortina.
Esta palabra se conforma a partir de la voz griega á-poros, que quiere decir “sin recursos o pobre”, y fobos, “miedo”; en su conjunto significa “odio, miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está desamparado”.
“En el caso de Bogotá, recordemos que en los días del confinamiento por la pandemia veíamos como los expulsaban porque no tenían cómo pagar. Tiraban sus cosas y hasta en algunos casos se los quemaban. Y todo esto tenía que ver por ser venezolanos pobres”, dijo Navarrete.
Con enfoque de derechos humanos
El abogado representante de Amnistía Internacional recomendó que los países de acogida deben estructurar políticas públicas de migración con enfoque de derechos humanos.
“No solo pueden estar basados en medidas de seguridad, control y regularización, sino que permita la inclusión e integración de estas personas a estos países”, refirió.
Indicó que hay que evitar los factores que pongan a los niños en riesgos de apátrida.
“Que no tengan una patria, nacionalidad o un documento de identidad simplemente por las restricciones de estos países para lograrlo. Hay que evitar políticas que generen xenofobia o la criminalización hacia las personas migrantes venezolanas” aseguró.
Las historias de Lucía y de Edward se repiten cada día por decenas sin que la prensa se entere. Lo mismo ocurre con los gobiernos, que además de no enterarse no entienden la complejidad de la crisis humanitaria que padece Venezuela y cuyos habitantes dan cuenta de su impotencia, rabia, desolación.
Las palabras “Trinidad y Tobago” en el título de este trabajo periodístico pueden cambiarse por otro país de la Región, la pregunta sería ¿cuándo un pasaje a lo prohibido, arriesgar la vida, será menos atractivo que quedarse en su país?
