El fiscal designado por la disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que este viernes 29 de octubre la Corte de Apelaciones del Estado Zulia confirmó la sentencia condenatoria contra ocho ex funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Indicó que estos ex funcionarios de la PNB fueron acusados de violación y trato cruel contra Javier Campos Amaya, delitos cometidos en julio de 2017, en el marco de las protestas antigubernamentales.
«Tras la acusación presentada por la Fiscalía 45° del estado Zulia, Alvis Labarca, Yoxy Quiroz, Kendry Osorio, Lizsujey Niebles, Michael González, Rolando Baleta, Carlos Contreras y Manuel Chacón fueron condenados a la pena de 24 años y 3 meses de prisión», indicó Saab a través de su cuenta de Twitter.
Derechos humanos vulnerados
A través de una nota de prensa la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), reseñó que en este caso se configuraron una serie de hechos que vulneraron los derechos fundamentales de la víctima, tales como la detención arbitraria, en perjuicio de sus derechos a la libertad personal y a la protesta pacífica, y el derecho a ser presentado ante el juez natural y debido proceso, puesto que la víctima fue presentada ante tribunales militares contraviniendo lo dispuesto en la Constitución venezolana.
«Durante su detención arbitraria, el joven fue torturado con violencia sexual», agregó Codhez.
Este caso, además, fue documentado en el primer informe emitido por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, en septiembre de 2020, recogido como parte de los hechos que confirman un patrón de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a las personas detenidas en el marco de protestas antigubernamentales de 2017, y que se remontan al ciclo de manifestaciones de 2014.
«Estas y otras circunstancias del caso constituyen, a su vez, un patrón de persecución y criminalización en contra de las personas disidentes al régimen político actual, ejecutado y materializado por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano», se lee en el documento realizado por Codhez.
Además resaltó que este hecho no es suficiente para reparar el daño causado a la víctima. Sin embargo, la organización de derechos humanos saluda que los tribunales nacionales impartan justicia a agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
«Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación con los casos de violaciones de derechos humanos, que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares», señaló Codhez.
La organización también reiteró que es obligación del Estado venezolano avanzar en procesos de reparación de los derechos de la víctima y de sus familiares, así como ofrecer garantías de no repetición, y atender su responsabilidad de investigar, sancionar y prevenir los casos de violaciones de derechos humanos que siguen siendo numerosos en el país y continúan en la impunidad.
