Exiliados crean el Frente Parlamentario de Venezuela

El diputado nacional Winston Flores fue designado coordinador del Frente Parlamentario de Venezuela en el Exilio.

Este nuevo órgano agrupará a legisladores de la oposición que se han radicado en el exterior debido a persecuciones del Estado.

Este órgano fue creado luego de tres días de asamblea en Bogotá, Colombia, donde se acordó la creación de comisiones de seguimiento a la crisis venezolana.

El Frente Parlamentario de Venezuela en el Exilio seguirá con la investigación sobre los “negocios sucios” de los funcionarios y familiares cercanos a la administración de Maduro y buscar mayor presión internacional con el aumento de sanciones.

Este frente también estará a disposición de los migrantes en cada uno de los países para defender sus derechos humanos, que ya estarían superando los 5 millones de personas. Su agenda más urgente apunta hacia Perú, donde los venezolanos están siendo el centro de agresiones y otras formas de expresiones xenófobas.

Jony Rhal, dirigente de Primero Justicia exiliado en Perú, denunció ante la instancia recién creada que los venezolanos en este país son víctimas, incluso, de los cuerpos policiales: “las agresiones contra venezolanos son crueles, incluida la del agente que le pegó correazos a una migrante venezolana”.

Por otra parte, se conoció que Luis Florido es el coordinador de la Fraternidad, Tolerancia y Apoyo a la Diáspora Venezolana en el exterior. Junto a él está la diputada Sonia Medina.

Según este nuevo órgano, 29 parlamentarios nacionales de 113 escaños que ocupaban, viven en el exterior mientras más de 40 parlamentarios están sometidos a persecuciones judiciales e inhabilitaciones políticas sin fundamento real.

Perú, Estados Unidos, España y Colombia son los países que han acogido a los parlamentarios perseguidos por el régimen de Maduro, según Luis Florido.

Denunciaron que el gobierno del presidente Maduro inició una nueva cruzada de persecución contra familiares de los diputados que se han ido del país, sumado a la presentación de pruebas y acusaciones de cargos con argumentos forzados por las agresiones de la policía política y la inteligencia nacional.