Las organizaciones de la sociedad civil tienen nuevos retos ante las actuaciones del Gobierno sobre la oficina de Naciones Unidas y la activista Rocío San Miguel, según el Laboratorio de Paz.
Las últimas decisiones del Gobierno sobre la expulsión del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la detención de Rocío San Miguel, generan la pregunta de si cambió la estrategia de Miraflores frente a la comunidad internacional.
El Laboratorio de Paz publicó en su boletín de análisis estratégico la posibilidad de “un viraje táctico de la estrategia de Miraflores frente a la comunidad internacional. Durante varios años invirtieron mucho dinero y esfuerzo en usar a su favor el Sistema Universal de DD. HH.”.
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Entre tano, el Laboratorio de Paz también señaló que estas actuaciones del Gobierno “vulneran lo establecido en el Acuerdo de Barbados. El punto 3, numeral 5, del Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos se establece la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico”.
En este sentido, consideran que “es previsible que las próximas semanas sean objeto de tensiones y negociaciones para intentar volver a sentar las partes en la Mesa de Negociación y Acuerdos”.
Está por verse el resultado de las jornadas de diálogo, en la Asamblea Nacional para elaborar un calendario electoral.
¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil ante el nuevo escenario?
Con la mira puesta en el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y en la expulsión del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Laboratorio de Paz propone algunas acciones:
- Mantener y reforzar la incidencia por la renovación y ampliación de los mecanismos de monitoreo y supervisión internacionales sobre derechos humanos, puntualmente la ratificación del acuerdo de trabajo tanto del ACNUDH como de la CPI con Venezuela, así como la renovación de la Misión Independiente de Determinación de Hechos.
- Las organizaciones de sociedad civil deben prepararse y reagruparse para continuar operando en el país en condiciones de mayor restricción del espacio cívico.
- La detención de Rocío San Miguel y la expulsión del ACNUDH evidenció preocupaciones en algunos voceros del oficialismo. Esto puede ser debido al malestar interno en diferentes sectores del oficialismo. Debemos enviar mensajes y tender puentes con estos grupos para sumar esfuerzos por la transición a la democracia, en la que ellos puedan ejercer sin discriminación sus derechos políticos y mantener su identidad ideológica.
- La visibilidad del caso Rocío San Miguel, y la campaña por su liberación, permite evidenciar los patrones de violación al derecho a la justicia y al debido proceso, reiterando que afecta a todas las personas, incluyendo a los militantes del oficialismo perseguidos por sus opiniones y denuncias.
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