Familia de Fernando Albán: «la supuesta condena banaliza lo que le ocurrió»

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Familia Fernando Albán
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A raíz de la condena a solo 5 años de dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia por el asesinato del ex concejal Fernando Albán, sus familiares se expresaron a través de una carta y en la cual exponen que la decisión es una «burla» a la justicia y a su sentir.

El pronunciamiento familiar lo lidera la esposa de Albán, Meudy Osío. Señala que las investigaciones sobre la detención arbitraria, torturas y posterior muerte de su esposo no se han efectuado con la debida diligencia.

Por el contrario, Osío indica que «la respuesta de Maduro y esta supuesta sanción y condena de responsables banaliza lo que le ocurrió a Fernando y se burla de sus familiares».

Reiteró que en en Venezuela no existe acceso a la justicia y persiste de igual modo la gran impunidad. «Tanta crueldad sigue impune», escribió Osío en el comunicado.

Finalmente, anunció que seguirán acudiendo ante las instancias internacionales para obtener justicia en el caso de Fernando Albán, quien murió el pasado 8 de octubre de 2018 cuando fue lanzado al vacío del piso 10 de la sede del SEBIN en Caracas.

El ex concejal había sido detenido el 5 de octubre por funcionarios del SEBIN en el aeropuerto internacional de Maiquetía, a su regreso de Estados Unidos. Días antes había participado en una conferencia de la ONU.

Posterior a su llegada permaneció 48 horas desaparecido. Durante ese tiempo se le vinculó con el atentado de drones contra el presidente de la República Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2028.

Hasta 2020 Tarek William Saab dijo que Albán se había suicidado al lanzarse del piso 10 del edificio policial, aunque se imputó a dos oficiales, pero solo por quebrantamiento de la custodia de un reo.

Este 15 de diciembre Saab informó que fueron sentenciados a 5 años de prisión los funcionarios Miguel Do Santos Rodríguez y Keiberth Cibelli Moreno, quienes admitieron los hechos y se les condenó por homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

Decisión que rechazaron al unísono los familiares del ex dirigente del partido Primero Justicia, sus abogados y defensores de derechos humanos en el país.