El pasado 20 de mayo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, con una abstención de 54% y “pocas garantías electorales”, anunció ganador, al ya presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, para el periodo presidencial 2019-2025. Dichas elecciones fueron declaradas “inexistentes” para la Asamblea Nacional venezolana y anularon su proclamación, orden que después fue ignorada por el Gobierno nacional.
Desde entonces, el 2018 fue un año de incertidumbre e inestabilidad económica para los venezolanos en el que, además, se registraron cinco aumentos salariales, cada uno superior al otro.
Sin ir lejos, el 2019 inició con expectativas, puesto que el 10 de enero se termina el periodo presidencial de Nicolás Maduro e inicia uno nuevo. Ante esto, Eglée González-Lobato, Doctora en Derecho y directora del Proyecto de Entendimiento Nacional (PEN), aseguró que el país está frente a un caso “inédito” que la propia constitución no puede resolver.
Crisis de legitimidad
El pasado 7 de diciembre el gobierno de Perú informó que pediría al Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela de llevarse a cabo la proclamación. Sobre esto, González comentó que la idea de que las delegaciones de otros países abandonen Venezuela “sería gravísimo”.
“Las embajadas son un gran apoyo porque son los ojos de lo que pasa. Se está logrando un aislamiento que el gobierno quiere y que no podemos permitir”, expresó.
Recordó que la comunidad internacional, a través de la Unión Europea, pidió que se generen “las condiciones para que se contacten los opuestos”.
Según González, la legitimidad es para gobiernos que están enmarcados dentro de la constitución, “no como el nuestro, que tiene un poder absoluto e ilimitado sobre las estructuras del poder”.
¿Con qué cuenta la oposición venezolana?
En esta historia, la mala planificación, división e individualismos por parte de la oposición venezolana, han alejado a la nación del futuro anhelado. Parece que los líderes opositores están teniendo momentos difíciles para tener una dirección y ejercer hechos concretos.
Una de las mayores rupturas fue en el 2017, cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales, en la cual resultaron electos cuatro opositores: Laidy Gómez, Alfredo Díaz, Ramón Guevara y Antonio Barreto Sira, quienes accedieron a juramentarse ante la denominada Asamblea Nacional Constituyente (ANC); a excepción de Juan Pablo Guanipa, quien negó juramentarse como gobernador del Zulia.
La también profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) afirmó que es muy difícil ser opositor frente a un gobierno que “ha disminuido sistemáticamente las libertades políticas”.
“Pero si algo le ha hecho daño al país, son los sectores radicales de la oposición, que han planteado que el centro de poder sea desde afuera, que se cierren las embajadas y que haya una invasión”, enfatizó.
“Toca el ejercicio de la política que puede entenderse como negociar, hablar. La sociedad tiene otra disyuntiva: el problema político que tenemos no resuelve el económico”, explicó.
“No hay un acuerdo nacional: ¿Quién puede garantizar la gobernabilidad del país? Eso se logra sentándose con los opuestos. En todos los conflictos la palabra es la más poderosa”, añadió.
Vías constitucionales
El 5 de enero se conformará una nueva directiva en la Asamblea Nacional, que para la «oposición radical» (encabezada por María Corina Machado, según González) tendría como primer objetivo convocar nuevas elecciones para “sacar” a Nicolás Maduro del poder, provocando que el presidente del Parlamento asuma el cargo y se logre la transición a un “país sólido y democrático”.
Estas acciones, a juicio de González, son extremistas. “¿En qué puede colaborar tener un gobierno paralelo?”, se preguntó. “No hay condiciones para hacer una mediación. Hay que generarlas”, culminó.
Por Nazaret Torres Padrón
