Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de asistencia humanitaria, se pensaba primero en países como Haití, en nuestra región, y en la mayoría del continente africano. Pero hoy en día la primera realidad que salta a la vista, por su magnitud y complejidad, es Venezuela con su profunda crisis.
A propósito del Día Internacional de la Acción Humanitaria, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Susana Raffalli, experta en la materia en el país.
Raffalli precisó que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela hay que mirarla desde dos puntos de vista. El primero es por el sufrimiento de las personas por múltiples causas «en ámbitos de salud, alimentación e integridad personal de la población en movimiento».
El segundo ángulo que expone es el alcance del trabajo de los activistas dentro del espacio humanitario venezolano.
Desde esta perspectiva, mencionó las 5 amenazas que atentan contra el servicio humanitario en el país.
Las amenazas
La primera es que «el cuerpo humanitario sigue sin vacunarse. Sigue sin recibir la mirada del Estado ni de la cooperación internacional a quienes les implementamos los proyectos. Estamos completamente expuestos, contagiados y hemos perdido gente en el camino».
La segunda amenaza tiene que ver con la crisis de combustible. Problema que Rafalli describe como «muy complejo. Eso nos ha limitado mucho nuestra capacidad de movilización dentro del territorio. No podemos acceder a los lugares donde la gente está sufriendo».
Como tercer factor que se contrapone a la efectividad de la acción humanitaria es la pérdida de la capacidad de la moneda nacional. «El personal humanitario está manejando ahorita presupuestos en bolívares que se vuelven polvo en cuestión de semanas. Estamos con mucha dificultad para realizar una acción humanitaria transparente y auditable para tener acceso a divisas en un mercado que no es legal», expresó.
El cuarto elemento en contra es más alarmante. La reconocida activista lo denominó como la inseguridad. «Hemos tenido que negociar el acceso humanitario con grupos irregulares paraestatales que están en el control en zonas muy pobres y necesitadas del país», aseguró.
Denunció que no cuentan con mecanismos de articulación para poder moverse con seguridad para proteger su integridad física y preservar la legalidad «de nuestro trabajo».
Finalmente, y como quinta amenaza, mencionó las crecientes trabas que está poniendo el Estado a través de «más requisitos para permitirnos trabajar con legalidad. Tenemos que pasar por una serie de trámites burocráticos en la oficina contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Eso nos limita mucho y nos hacen incurrir en procesos que van en contra de nuestros principios humanitarios».
Denunciar lo que está pasando
Pese a este panorama, Raffalli alaba que aún el tejido humanitario persevera para seguir con su misión de tenderle una mano a quien más necesite.
Pero sí alertó que para que este trabajo tenga mucha más incidencia se debe, primero, «fortalecer nuestras capacidades como tejido, organizativo. De hacer planes de contingencia, prever el agravamiento de las cosas en el tiempo, usar la ayuda humanitaria de forma eficiente y rendir cuentas adecuadamente».
También cuestionó que, aunque se han fortalecido esas capacidades de la acción humanitaria desde la llegada de la cooperación internacional desde el 2014, no se han orientado los esfuerzos «a eliminar el origen del daño. En eso la cooperación internacional no ha atendido la parte medular. Muchas veces argumentan que la acción humanitaria no es para eso, que es solo para salvar vidas y que el trabajo no es salvar la institucionalidad y las razones del sufrimiento de un país».
Por el contrario, Raffalli apuesta que en medio de este servicio hay que interpelar el modelo político imperante «y denunciar lo que está pasando».
Doce de cada 100 niños sufren de desnutrición aguda severa
Raffalli no se ahorró calificativos para describir que la situación se ha agudizado en los últimos tiempos, sobre todo en la dimensión sanitaria. «Allí la situación es más crítica, primero por el colapso de todos los servicios públicos, de los cuales depende tanto la salud», acotó.
En este sentido, reseñó la falta de acceso a agua segura para «servicios básicos. La escasez de gas para cocinar está limitando cada vez más la posibilidad que las personas tengan una vida digna y consistente con el bienestar».
A este cuadro le sumó «la situación del sistema sanitario nacional que no mejora a pesar de los alertas que hemos puesto por situaciones que vivimos desde hace 5-6 años, con hospitales desprovistos de insumos, de medicinas y de posibilidades de que las personas puedan salvarse».
Un diagnóstico que se complica aún más por la pandemia pues «todavía tenemos un déficit de vacunación y la situación se complejiza mucho».
Con la alimentación destacó que algunos indicadores han mejorado «dada la apertura que ha tenido el Estado para movilizar los alimentos como rubro imprescindible».
Sin embargo, alertó que «eso se vuelve polvo porque el poder adquisitivo del venezolano está prácticamente pulverizado». Explicó que actualmente el acceso a los alimentos depende, en gran parte, de las remesas que algunos familiares puedan enviar desde el exterior. Pero esto «es sumamente costoso desde el punto de vista social y afectivo».
Pero encendió las alarmas cuando dijo que «entre 12 y 13 niños de cada 100 en una parroquia tienen desnutrición aguda grave».
«Esto satura los posibles servicios de atención y conducen a estos niños a sufrir enfermedades mucho más graves e incluso a morir», lamentó.
