Cónsul de España se reunió con hija de Rocío San Miguel

El consulado está gestionando visitas a los detenidos con las autoridades españolas. Desde la detención, nadie ha visto a Roció San Miguel ni a Alejandro González.

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Cónsul de España
Foto: Consulado de España en Caracas

El cónsul de España pidió permiso consular para visitar a los detenidos, pero antes se reunió con Miranda Díaz San Miguel, hija de la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida hace 8 días y acusada de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Marcos Rodríguez Cantero, Cónsul de España en Caracas se reunió con la hija de Rocío San Miguel y también con el papá de Alejandro González de Canales Plaza, otro de los detenidos y acusados en la trama “Brazalete blanco”.

Cónsul de España y las gestiones diplomáticas en el caso Rocío San Miguel

Sobre la visita del cónsul a la hija de Rocío San Miguel, el representante consular inició la asistencia diplomática para que puedan visitar a los familiares detenidos, a la activista de Derechos Humanos en El Helicoide y a Alejandro Gonzalez en la sede de la Dgcim, en Boleíta.

Rocío San Miguel y su hija Miranda son venezolanas, pero también ciudadanas españolas, por esa razón cuenta con el derecho de asistencia por el Estado español.

Caso “Brazalete blanco”

Rocío San Miguel desapareció el viernes 10 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba a viajar junto a su hija al extranjero. Al día siguiente, su hija Miranda y a otros miembros de la familia también los reportaron en la misma situaciones.

Posteriormente y después de denunciar la desaparición forzada de estas personas, el Ministerio Público comunicó que estaban en poder del Estado y que los acusaría por el caso “Brazalete blanco”.

En los días posteriores fueron presentadas ante el Tribunal 2° Contra Terrorismo e imputadas por traición a la patria, conspiración y terrorismo. Para Rocío San Miguel y para Alejandro González el tribunal resolvió cárcel.

Para los demás detenidos ordenó casa por cárcel y prohibición de salida del país.

El pasado 15 de febrero, funcionarios policiales allanaron la casa de la activista y se llevaron 20 mapas y un iPad.

Los abogados de los acusados denunciaron que no lograron juramentarse ante el tribunal y que todavía no logran ver a los detenidos.

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