Rocío San Miguel, reconocida abogada y activista de derechos humanos, cumplió dos meses en prisión sin poder acceder a una defensa privada, según denuncian sus representantes legales.
La activista fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y desde entonces ha estado recluida en El Helicoide, sin haber podido contar con el respaldo legal necesario para enfrentar las acusaciones en su contra.
A pesar de que el Ministerio Público formalizó una acusación el pasado 1 de abril, los abogados privados de San Miguel aún desconocen los cargos que se le imputan.
El abogado Joel García, parte del equipo de defensa, ha manifestado su preocupación por la falta de acceso al expediente del caso y por la negativa del juez a permitir la designación de un equipo de defensa de confianza para la activista.
De acuerdo con expertos que llevan el caso de San Miguel, la defensa pública asignada a la actividad no ha mostrado interés y tampoco ha mantenido una comunicación con ella desde su detención. Esta falta de acceso a una defensa adecuada despierta preocupación en la comunidad internacional.
El caso de San Miguel ha generado llamados a garantizar su derecho a un juicio justo y transparente, así como a respetar sus derechos fundamentales durante el proceso legal.
Mientras tanto, el equipo legal de Rocío San Miguel continúa trabajando para asegurar que se respeten sus derechos y que se le brinde la oportunidad de una defensa adecuada en el marco del debido proceso.
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