El joven Borges Sifontes, testigo clave de la masacre de Parima B, municipio Alto Orinoco de Amazonas, ocurrida el 20 de marzo de 2022 donde fueron asesinados cuatro indígenas Yanomami, fue regresado a esa zona sin mayores explicaciones por parte de los funcionarios militares que se encargaron de su traslado.
Olnar Ortiz, defensor de los derechos de pueblos indígenas, denunció este hecho como irregular. En otra circunstancia, su traslado desde el hospital militar Carlos Arvelo de Caracas, donde se encontraba internado desde principios de abril, hasta el Alto Orinoco en Amazonas, sería una acción inconsulta.
Sin embargo, su traslado es cuestionado porque la causa que ya debería estar en curso en los tribunales simplemente está atascada, y el retorno del testigo demostraría el desinterés de la justicia venezolana para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los asesinatos.
Las investigaciones estarían estancadas
Pese a que el Ministerio Público ha informado que hay cinco fiscales, dos de ellos con competencia local dentro del territorio del estado Amazonas, y otros tres con competencia nacional, encargados del caso, la investigaciones no han seguido su curso a más de 5 meses del suceso.
Desde lo ocurrido, las autoridades han manejado el caso con hermetismo y opacidad excluyendo a organizaciones protectoras de los derechos de pueblos indígenas, y faltando deliberadamente al debido proceso.
Incluso, se ha denunciado que el Estado venezolano ha intentado negociar con la comunidad de los Yanomami en Parima B y supuestamente ocultar los hechos. Aunque se trata de un delito de homicidio en un contexto de aparente ejecución extrajudicial, por su gravedad puede considerado un crimen de lesa humanidad.
A principios del mes de julio la madre del joven, Cenoya Silva, pudo verlo durante 30 minutos en las instalaciones del hospital luego de varias gestiones hechas por Ortiz. Sin embargo, el abogado no pudo entrevistarse con el adolescente.
Caso Parima B en la ONU
El pasado 28 de abril, Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización Foro Penal, logró denunciar los asesinatos en Parima B ante Naciones Unidas (ONU) a través de una reunión privada con José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas del organismo, durante el período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Este acercamiento es importante para que el delito trascienda internacionalmente y obligue al Estado venezolano a tomar acciones, explica el abogado.
La representación de los pueblos indígenas de Venezuela, en nombre del Estado, también se presentó – vía online- ante el foro permanente, pero omitió los asesinatos en Parima B, y las graves violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los pueblos originarios de Venezuela.
«Eso da cuenta de que al Estado venezolano poco le importa la situación de los pueblos indígenas en el país», denunció Ortiz.
Aislamiento de testigos clave y falta de asistencia médica
Los asesinatos en Parima B, y las irregularidades que ocurrieron después fueron denunciadas por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y Amnistía Internacional, que instaron al Estado a esclarecer lo ocurrido, revelar el paradero de los testigos, detener a los responsables y reparar a las víctimas y sobrevivientes del hecho.
Pero el Estado ignoró las peticiones y, por el contrario, mantuvo aislados a Borges Sifontes, adolescente de 16 años que resultó herido tras recibir dos disparos de un militar, y a su hermano Gabriel Silva.
Extraoficialmente fui informado que Borges S.(16)Yanomami herido por arma de guerra, testigo de la masacre ParimaB por funcionarios de la FAN Fue trasladado del hospital militar de ccs al alto Orinoco. denunciamos la situación en que se encuentre nuestro representado @ForoPenal pic.twitter.com/gcVfqinmi7
— Olnar Ortiz Bare (@olnarortizBare) August 29, 2022
