El sector educativo de Venezuela está en emergencia por una crisis que ha tocado las infraestructuras de las instituciones y el bolsillo de los docentes, administrativos y obreros, quienes siguen esperando que el Estado honre deudas y retribuya con un salario digno.
Por esta razón desde la Federación Venezolana de Maestros (FVM), en la que se agrupan 17 organizaciones de trabajadores del sector educativo, presentaron el 21 de diciembre de 2021 ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación una propuesta de contratación colectiva con 70 cláusulas y beneficios para cada trabajador, que favorecerían a los tres sectores: docentes, administrativos y obreros.
El intento por buscar reivindicaciones no tuvo respuesta, por lo que varios grupos de trabajadores educativos iniciaron el año con manifestaciones de calle desde el pasado 9 de enero, día en el que se debieron retomar las actividades oficialmente.
Recortes y deudas contra los maestros
El profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Lara, reveló que son dos años sin que se firme la contratación colectiva que venció en el 2020. «Ni la parte económica, porque el salario social no existe. El HCM, hospitalización, cirugía y maternidad para los trabajadores obreros, administrativos y docentes, desapareció; el IPASME está prácticamente abandonado”.
«Aparte, cuando pagaron el aumento del decreto presidencial a los trabajadores en marzo del 2022, nos aplanaron los sueldos y las primas fueron eliminadas en un 50%; la prima de profesionalización fue eliminada entre un 30 y 60%. La maestría, el doctorado, las especialidades, prima de antigüedad, pago por niños especiales y las primas de la económica fueron disminuidas», agregó Arroyo.
De acuerdo con el gremialista, estas disminuciones violan el artículo 89 de la Constitución, que se refiere a que la permanencia y beneficios los derechos son irrenunciables. También mencionó el artículo 91 de la Carta Magna, donde contempla la contratación colectiva, eliminada en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
En medio de los reclamos se mantiene el silencio gubernamental, por lo que los trabajadores educativos han tomado las calles progresivamente desde octubre de 2021 hasta esta semana que inició el 9 de enero de 2023, cuando se recrudecieron.
En cuanto a la discusión del contrato colectivo, la profesora Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del estado Lara, recordó que el pasado 21 de noviembre de 2021 «se comenzó la discusión y se ha quedado allí: solo en discusión».
«No han pedido más reuniones, no se ha llamado a la firma, ni se concreta las 70 cláusulas económicas de la convención colectiva», dijo.
Igarra aclaró que estaba previsto que se aprobaron las cláusulas generales: “Lo que es concepto colectivo, pero en cuanto a cláusulas socioeconómicas, que son la seguridad social, no las han discutido y tampoco sabemos cuándo las van a firmar”.
Ajustes de salarios pendientes
Algunas de las cláusulas que están plasmadas en la propuesta de contrato colectivo, que debió firmarse en el 2022, incluyen la cancelación de las deudas que va dejando el Estado Venezolano a los trabajadores en el contrato firmado para los años 2018-2020. Entre ellas se encuentra la deuda del 280% de ajuste salarial, acordado en la segunda convención colectiva del 2018, con incidencia y recurrencias.
Los docentes apenas reclaman este 280 por ciento de una deuda que arrastran del 2018. Este ajuste salarial quedó asentado en la cláusula 59 de la convención colectiva docente, firmada en abril de 2018 y se dejó de cumplir en octubre del mismo año.
Sobre esto, se establecían tres ajustes del sueldo básico de los docentes en el 2018: de 100% en abril, 40% en julio y 40% en octubre, pero solo se hizo efectivo hasta julio de ese año. Esta anormalidad se repitió en los años siguientes: no se realizaron los 4 ajustes de salarios.
El Colegio de Profesores de Venezuela denuncia que esta deuda del 280% no ha sido cancelada a los trabajadores, aunque han avizorado que han intentado pagarlos a través de bonos, una iniciativa que rechazan.
Al listado de deudas se suma el pago de fideicomiso a los educadores, beneficio que no se paga desde el 2000, al igual que lo correspondiente a las prestaciones sociales de jubilados y pensionados.
De acuerdo al Colegio de Profesores de Venezuela, el Ministerio de Educación no paga el Seguro Social obligatorio, por lo que aparecen los trabajadores con cero cotizaciones y, al cumplir la edad correspondiente para pensionarse, no aparecen en la página web de esta institución, por lo que no pueden tramitar este beneficio.
Beneficios chucutos
Juan José Jaramillo, presidente del Colegio de Profesores seccional Delta Amacuro, se refirió a los beneficios que han dejado de percibir tomando en cuenta la hasta ahora vigente contratación colectiva que quedaron establecidas en bolívar y la devaluación ha hecho de esos pagos unas limosnas.
Entre estas se cuentan las contribuciones que recibían en el Día de las Madres, Semana Santa, inicio de año nuevo, inicio de año nuevo escolar, por nacimiento de hijos y los uniformes. Tal es el caso de la contribución de inicio de año y contribución de uniformes, que para enero de 2023 corresponde a 12,50 bolívares digitales, un poco más que 0,50 de dólar.
Jaramillo lamentó que el IPASME haya decaído al nivel de no contar con la calidad que le caracterizaba ofreciento todos los servicios médicos y rechazó que pese a esta realidad, los docentes sigan aportando una parte de su ya devaluado salario por este servicio.
Cuestionó que ya hayan desaparecido los créditos para autos y viviendas. «Podríamos amanecer aquí hablando de esto. Pero todo esto es lamentable. El gobierno está violando todos nuestros derechos sociales”, sentenció.
Las primas mochas de los docentes
Si bien a través de la Onapre se habían limitado los porcentajes de primas establecidas en la convención colectiva vigente, Sócrates Manaure, presidente de Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Miranda (Sitraenseñanza), informó a inicios de diciembre de 2022, que por los momentos se había logrado reintegrar el pago completo de esta deuda contraída a raíz de la decisión del instructivo.
Según Manaure, estás primas fueron restablecidas. No obstante, Juan José Jaramillo dijo que este compromiso tampoco fue saldado como oficialmente lo prometieron. A su criterio, la bonificación de fin de año fue calculada siguiendo en instructivo de la Onapre.
La Onapre disminuyó las primas a la mitad, sobre todo aquellas por las que miles de profesionales luchaban: permancer estable y asumir la antigüedad y carreras académicas que implica sobre todo la profesionalización.
Las primas ya venían recortadas desde que se discutió la contratación de 2018. De acuerdo al contrato colectivo 2015-2017, el reconocimiento al estudio de los docentes correspondía a 35% para estudios de especialización, 40% y 50% para maestrías y doctorados. Estos porcentajes se llevaron a la mitad para el 2018-2020, pues la compensación se estableción en la cláusula 67 en 25%, 33% y 35% para especialización, maestría y doctorado respectivamente.
IPASME y seguridad social
En materia de seguridad social, la contratación colectiva se establece que el Instituto de Previsión y Asistencia Social para personal del Ministerio de Educación (IPASME), prestaría “progresivamente a nivel nacional servicios de atención primaria de salud para fortalecer el sistema de salud de los trabajadores y trabajadoras”; esto quedó establecido en el párrafo único dentro de la cláusula 38 y vuelve a quedar como otra deuda con los maestros venezolanos.
Laura Igarra, presidenta del Colegio de Profesores seccional Lara, asegura que en la actualidad la institución no llega a ser ni un hospital tipo 1, mientras antes los maestros podían encontrar en él todos los servicios de odontología, laboratorios, rayos X, emergencia, pediatría y todas las especialidades a beneficio de los docentes, obreros y administrativos.
“En las emergencias tampoco tienen para atender a los pacientes. Si llegan insumos, el docente va y le dan una cita para cuando ya no tienen insumos”, se quejó Igarra.
Mientras tanto, el Fondo Autoadministrado de Apoyo Social y Salud para lo servicios de hospitalización, cirugía y maternidad, se hace cada vez más cuesta arriba dado los altos costos que se deben pagar los maestros, maestras y personal administrativo.
El IPASME es un beneficio para el personal del Ministerio de Educación, los servicios que ofrece son financiados por los trabajadores, pues hasta la fecha a los educadores les descuentan quincenalmente el 6% de su sueldo integral para garantizar servicios de salud.
Las fallas en los servicios de asistencia primaria en el IPASME se suman al alto costo de los seguros privados, lo que deja aún más indefensos a los docentes venezolanos; por ello exigen que el Estado les devuelva y garantice condiciones para la prestación de servicios y la seguridad social que le corresponde a los trabajadores.
Por Amador Medina y María Gabriela Álvarez
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