El 28 de noviembre, la Corte Suprema Corte de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión estatal de explotación minera de cobre otorgada a una compañía canadiense. Luego esta esta decisión, la sociedad civil panameña espera por el cierre definitivo de la mina a cielo abierto por parte de la multinacional.
El Movimiento “Panamá vale más sin minería” ha instalado una vigilia permanente en las afueras del ministerio de Ambiente y exige del cumplimiento de la disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el Estado respondió con una escalada de persecución y judicialización de 21 defensores de Derechos Humanos y ambientales. La mayor persecución ocurre en tierras altas, según un reporte de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.
La provincia de Chiriquí es una zona especialmente afectada por las acciones policiales. En Chiriquí Damaris Sánchez, fue acusada en un tribunal. En otra región, un grupo de estudiantes han sido detenidos aunque después de una presentación preliminar fueron liberados.
Los miembros de la organización de los derechos ambientales “Guerreros del mar” también están bajo persecución: dos de sus miembros ya fueron detenidos y absueltos por un tribunal. No obstante, el Estado insiste en apelar la medida.
Reacción de la empresa
Frente al fallo, la empresa First Quantum Minerals ya ha anunciado que acudirá al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones para apelar la medida.
Fallo de la Corte Suprema de Justicia
“Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, dijo la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López.
Esa ley es la que dio aprobación en el Congreso al contrato con la minera First Quantum, que permitiría a la empresa extraer la riqueza minera durante 20 años con posibilidad de una prórroga de otros 20 años.
Por esta actividad, la empresa pagaría un total de 375 millones de dólares al Estado panameño. El acuerdo desató las mayores protestas en la nación en décadas.
Muchos ciudadanos consideraban que había una pérdida de soberanía y que la lucrativa mina debía generar mayor ingreso de fondos al país.
De acuerdo con datos de las organizaciones ambientales, la riqueza minera de Panamá representa el 1 % de la producción mundial de cobre, y el 5% del Producto Interno Bruto del país.
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