Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideró como positivas las visitas de los funcionarios de las Naciones Unidas (ONU) al país, ya que estas hacen que haya nuevamente una discusión, debate y atención de los problemas.
Sin embargo, resaltó en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que si después de las mismas no hay mecanismos de seguimiento para saber cuándo se implementaron sus recomendaciones, lamentablemente no terminan generando el impacto deseado.
“Son visitas de muy alto perfil y son positivas porque vuelven a poner el tema de los derechos humanos en la comunidad internacional. Sabemos que el Gobierno Nacional apuesta a que se olvide que en Venezuela se vive una crisis muy profunda desde hace mucho tiempo”, expresó.
Jiménez indicó que es muy importante que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, especificara algunas de las peticiones solicitadas al Estado como lo son la liberación de presos políticos, el fin de la tortura y la necesidad de diálogo con la sociedad civil.
Fin a la impunidad
De acuerdo a la presidenta de WOLA, para que exista un verdadero proceso de no repetición de violaciones de derechos humanos debe ponerse fin a la impunidad, porque cuando no hay sanciones contra sus perpetradores, éstos vuelven a cometerlas y no hay reparación para las víctimas.
“Una de las razones por las cuales Venezuela tiene una investigación abierta frente a la Corte Penal Internacional es porque el propio sistema de justicia venezolano ha sido incapaz de dar solución y sancionar a los verdaderos culpables en toda la cadena de mando y, por lo tanto, hay un círculo de repetición”, explicó Jiménez.
No obstante, lamentó que aunque Türk esperaba que el Gobierno diera pasos significativos en materia de reforma judicial y seguridad, ese lunes Nicolás Maduro se comprometió a profundizar la “revolución judicial”, la cual es, a su juicio, un modelo fallido
Proyecto de Ley para regularizar a las ONG
Sobre el proyecto de Ley que pretende regularizar a las ONG, Carolina Jiménez lo calificó como una criminalización contra estas, que no puede ser aceptado a nivel nacional ni internacional sin que se abra un proceso transparente de consultas a la sociedad civil.
Asimismo, comentó que el mes de enero «dio muchas luces» porque las protestas de los distintos gremios le mostraron al mundo que Venezuela sigue siendo un país en donde la ciudadanía exige sus derechos y donde el rol de los medios es primordial para difundir que el tema de derechos humanos debe ser discutido por todos.
“Los derechos humanos son todas nuestras garantías básicas y fundamentales para tener una vida digna y debe haber desde la ciudadanía esa demanda constante de que sean respetados”, dijo.
