El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó mediante una nota de prensa que fue contactado por familiares y privados de libertad del estado Táchira para denunciar que sus audiencias han sido diferidas, sus juicios fueron interrumpidos y los procesos están inconclusos, lo que los mantiene en la cárcel más tiempo de lo debido.
«Entre los casos podemos encontrar aquellos privados de libertad que son trasladados hasta otros estados lejos de su tribunal donde reposa su causa. La principal excusa para no llevarlos a los tribunales es que no hay transporte o gasolina y menos para hacerlo a otras regiones, incluso existen casos en los que algunos presos tienen hasta 40 diferimientos de audiencia en un lapso de dos años y otros a los que se les interrumpe el juicio», se lee en el documento difundido por el OVP.
En caso de los que se encuentran en Táchira, bien sea que están en procesos de inicio o en pleno juicio también presentan problemas con el traslado, pero en menor proporción pues siempre con ayuda de los familiares terminan realizándose porque deben ubicar la gasolina o alquilan autobuses para ser sacados del Centro Penitenciario de Centro Occidente (CPO) mejor conocido como Santa Ana.
Cuando son trasladados a los tribunales, los presos se topan con otra realidad, la falta de luz, la falta de un fiscal del Ministerio Público, o del mismo juez hacen que se difiera la audiencia, pero lo que ocurre con más frecuencia es la falta de los funcionarios que participaron en el procedimiento y aunque se le hace la citación, suelen no cumplirla.
«Los abogados del equipo de OVP manifestaron que esta situación se está haciendo ‘costumbre’ y explicaron que en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 340, expresa: ‘Cuando el experto o experta, o testigo oportunamente citado o citada no haya comparecido, el Juez o Jueza ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública, y solicitará a quien lo propuso que colabore con la diligencia'».
El juicio se podrá suspender por esta causa una vez conforme a lo previsto para las suspensiones, y si el o la testigo no concurren al segundo llamado o no pudo ser localizado para su conducción por la fuerza pública «el juicio continuará prescindiendo de esa prueba».
Los abogados añadieron que este artículo no es respetado, pues aseguran que simplemente las audiencias de juicios son suspendidas, una y otra vez, y tampoco se hace el esfuerzo de buscar a los funcionarios.
También indicaron que han recibido denuncias de personas que están en penales y calabozos que su tiempo excede su condena y tampoco son tomados en cuenta por los tribunales de ejecución.
Esta situación genera retardo procesal, que según registros del OVP para el 2021 se posiciona en un 70 %, es decir que de cada que de cada 10 casos 7 no fueron revisados, situación que fue analizada en el informe de la organización.
De acuerdo con Carolina Girón, directora del OVP, el 54% de la población penitenciaria de Venezuela está en condición de procesados, lo que se traduce que aún existe la presunción de su inocencia.
Explicó además que estos presos que no poseen una sentencia firme no pueden optar por los beneficios que le otorga la ley.
Para la defensora de derechos humanos todas estas situaciones son consecuencia de una «desidia del poder judicial y se presentan por la falta de independencia judicial y la corrupción».
