La red de Derechos Humanos del estado Lara dio a conocer su balance anual, apuntando que la entidad larense sufrió un colapso institucional, desprotección social y una violación masiva de los derechos humanos, durante todo el año 2020.
Destacan que la entidad fue escenario de significativos deterioros y violaciones a los derechos humanos de todos los grupos poblacionales.
Además, aseguran que la emergencia humanitaria que ya estaba en marcha en la población, con el contexto de la pandemia de la COVID 19, extendió y profundizó sus efectos devastadores.
Agregando que esta desprotección social se vio agravada por una crónica hiperinflación y una severa contracción económica que empobreció totalmente a nuestras familias.
El balance de los veedores en derechos humanos revela que de cada 10 hogares en Lara, alrededor de 7 se encuentra en pobreza extrema, tomando como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de este año 2020.
La Asociación de Madres y Padres por los Niños en Venezuela (MAPANI), que funciona en Lara y es miembro de la Red Nacional de Derechos Humanos, reporta que alrededor del 30% de la población infantil presentó cuadros de desnutrición aguda y un 46% estén en situación de riesgo.
A continuación presentamos íntegro el Informe Global 2020 de la Red de Derechos Humanos del estado Lara.
BALANCE GLOBAL LARA DDHH 2020
Colapso institucional, desprotección social y violación masiva de derechos humanos
El estado Lara en el año 2020 fue escenario de significativos deterioros y violaciones a los derechos humanos de todos los grupos de su población. La emergencia humanitaria en marcha que ya asolaba a nuestra población, en el contexto de la pandemia del COVID 19, extendió y profundizó sus efectos devastadores. Se terminó de desmantelar el sistema institucional de la salud, en el marco de un severo déficit de servicios públicos, de personal y de insumos médico-quirúrgicos, desprotegiendo a toda la población, propiciando agravamientos crecientes de su salud y aumentos de muertes prevenibles. Esta desprotección social se vio agravada por una crónica hiperinflación y una severa contracción económica que empobreció totalmente a nuestras familias.
Lara presenta índices de pobreza extrema muy por encima del promedio nacional. De cada 10 hogares en Lara, alrededor de 7 se encuentra en pobreza extrema (ENCOVI 2020), por ello, puede comprenderse que organizaciones de protección alimentaria reporten que alrededor del 30% de la población infantil presente cuadros de desnutrición aguda y un 46% estén en situación de riesgo (MAPANI, 2020).
La población laboral de nuestra entidad experimentó la pérdida absoluta de la capacidad adquisitiva de sus salarios y de las pensiones; asimismo, la desaparición de su sistema de seguridad social, a pesar de sus esfuerzos colectivos por mantener acciones de exigencia de sus derechos en las calles de la entidad en diversas oportunidades durante todo el año.
El personal de salud de la entidad, según reportes de los Colegios de Médicos y de Enfermeras del estado Lara, careció en una alta proporción de la dotación suficiente y adecuada de equipos de bioseguridad requeridos para la atención de personas con el COVID 19. En la mayoría de los centros de salud la dotación de insumos para realizar las pruebas rápidas de descarte del COVID 19 fue insuficiente y los insumos de material médico-quirúrgico alcanzaron un déficit del 90%. En Lara fallecieron 5 médicos y 3 enfermeras contagiados por COVID 19.
La población adulta mayor de Lara en este año se deterioró masivamente en la medida que las pensiones perdieron totalmente su capacidad adquisitiva y aumentaron los precios de alimentos y medicamentos. Con menos de 1$ de pensión al mes a esta población se le dificultó enormemente sobrevivir, presentándose cuadros muy severos de desnutrición y de agravamiento de su salud hasta muertes prevenibles por falta de medicamentos. Como ´Exterminio´ califican organizaciones de pensionados la situación que el Estado les obliga a padecer.
La población en condición crónica por padecimientos oncológicos, renales, VIH, hipertensión, diabetes, vio agravar su situación de salud por el creciente deterioro de sus centros de atención y las enormes dificultades para acceder a los medicamentos. Considerando exclusivamente personas con patologías renales este año, las asociaciones de pacientes contabilizaron el fallecimiento de más de 200 personas, cifra un 20% mayor que el año anterior.
Una de las poblaciones con mayor grado de vulneración de sus derechos, ha sido el grupo de privados de libertad. En los centros de reclusión de la entidad, las asociaciones de familiares han señalado la existencia de un 85% de desnutrición entre el total de la población penitenciaria; asimismo, reportan que han fallecido por desnutrición, tuberculosis y enfermedades gastrointestinales 45 personas en lo que va del año. Con el agravante de las restricciones de movilidad de sus familiares para llevarles alimentación y la sustracción de los alimentos cuando se los llevan por parte del personal de los penales.
Otra de los grupos poblacionales fuertemente violentados fue la población migrante que retornó al país producto de la pandemia, la cual fue internada masivamente en centros de confinamiento, especialmente en la ´Villa Bolivariana´ en condiciones, según entrevistas a varias personas confinadas, en condiciones de higiene inadecuadas, hacinadas, con déficit de alimentación diaria y comidas en mal estado y sometida a tratos inhumanos del personal militar y de enfermería que los custodió; incluso sin las atenciones de salud debidas ni las pruebas de descarte del coronavirus. Debe resaltarse que debido a tales circunstancias en este establecimiento falleció un niño de 1 año y 8 meses por consumo de comida en mal estado, desatención y negligencia médica, sin que el Ministerio Público abriera una investigación al respecto.
Nuestra entidad fue objeto de medidas legales, como el Decreto 3049 emitido por la Gobernación del Estado, supuestamente para proteger a la población del coronavirus. Este instrumento, a todas luces inconstitucional, no sólo confinó a la población prohibiendo su circulación durante más de 70% de su tiempo diario, sino que estableció ilegalmente penas de reclusión y multas a quienes se desplazaran después de las 2pm. En el marco de esta medida se arreció el patrullaje, las detenciones y los malos tratos a la población por parte de los organismos de seguridad del Estado.
En materia de derechos civiles, debido a los constantes cortes eléctricos, carencia de agua potable, gas y gasolina, diversos grupos de vecinos protestaron en las calles siendo reprimidos por la GNB, la PNB y las FAES con un uso desproporcionado de la fuerza en varias zonas de Barquisimeto, Carora y El Tocuyo, dando lugar a más de 30 detenciones, presentados en los tribunales. Igualmente fueron detenidos varios profesionales de la salud por denunciar las condiciones deficitarias de los centros de atención, así como, varios abogados que denunciaban irregularidades en estaciones de gasolina. Vale destacar la detención y los maltratos recibidos por el defensor de DDHH Henderson Maldonado al abogar por el acceso a la gasolina de pacientes renales.
En cuanto al derecho a la vida, Lara siguió siendo un territorio de ajusticiamientos e impunidad. Más de 120 jóvenes fueron ajusticiados en la entidad por organismos de seguridad del Estado, en particular por las FAES y el CICPC. Es de destacar que hasta el presente, en ningún caso se han adelantado investigaciones del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo por tales hechos.
El derecho a la justicia ha sido aún más bloqueado. Los retardos procesales de juicios en curso ahora se han agudizado con la paralización durante meses de los tribunales bajo el argumento de la pandemia y la carencia de combustible, sin que se instrumentaran opciones de tramitación vía internet. Los procesos judiciales al personal policial y militar que participó en ajusticiamientos a quienes protestaron en el año 2017 han continuado totalmente paralizados, algunos de los expedientes de tales casos aparecen incompletos, negándosele a abogados y familiares acceder a éstos e, incluso en determinados casos les han informado que las causas fueron ´cerradas temporalmente´, victimizándoles aún más.
En su conjunto tanto en el campo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como en el derechos civiles y políticos, la población de nuestra entidad fue severamente violentada en sus derechos humanos. Otro año más de violaciones que en su totalidad se mantienen impunes, ante la anulación del estado de derecho y la omisiva y negligente actuación de sus órganos de protección e investigación criminal.
La Red de Derechos Humanos del Estado Lara, constituida por 18 organizaciones en distintos campos de quehacer social, convoca a las organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la entidad, a redoblar los esfuerzos por la defensa de los derechos humanos de nuestra población, la cual experimenta uno de los momentos de mayor afectación y vulneración de toda su historia. Constituyamos un bloque muy sólido que frene, atenúe y revierta en el año por venir esta creciente violación masiva de derechos de nuestro pueblo.
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO LARA
| Alianza Sindical Independiente (ASI) | Alianza de Familiares de Víctimas (ALFAVIC) |
| A.C. Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto | A.C. Las Mercedes |
| A.C. Médicos Unidos. Capítulo Lara | Cátedra de DDHH de la UCLA |
| Comité de DDHH de personas jubiladas y pensionadas | Comité de DDHH de La Carucieña |
| Foro Penal. Capítulo Lara | FUNPAZ |
| Fundación SOS Renales | Fundación Vida Renal Contigo |
| Instituto de Previsión Social de Trabajadores de la UCLA | Madres y Padres de Niños y Niñas de Venezuela (MAPANI) |
| Movimiento Vinotinto | Observatorio de Violencia. Capítulo Lara |
| Red de Apoyo Psicológico (REDAPOYACT) | Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto |
| Transparencia Venezuela. Capítulo Lara |
