El gobierno de Irán ejecutó este sábado 12 de diciembre al periodista, considerado como un opositor a «la revolución iraní», Ruhollah Zam, luego de que fuese confirmada su condena a muerte por la Corte Suprema.
Zam, quien estaba exiliado en Francia gozando del estatuto de refugiado, y cuya detención por efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán no han sabido explicar las autoridades iraníes, fue colgado por «severos crímenes» como “corrupción en la tierra», que es castigado en el país persa como un delito de pena capital, además de “delitos contra la seguridad interior y exterior del país”.
El periodista de 40 años de edad participó activamente, a través de sus publicaciones en Telegram, en las revueltas escenificadas en el país a finales de 2017 y principios de 2018. Zam dirigía una especie de agencia de noticias por este canal llamada Adamnews.
Las protestas ciudadanas de ese entonces obedecieron a reclamos por el alto costo de la vida, movimientos que el gobierno iraní calificó de sediciosos.
Irán lo acusó también de ser financiado para alentar las manifestaciones por la inteligencia francesa y el gobierno de Estados Unidos.
Las organizaciones Reportero Sin Fronteras y Amnistía Internacional ya habían advertido de la violación de los derechos humanos y de la legislación internacional por parte de Irán al culpar a Zam por esos supuestos delitos.
A la ejecución la han catalogado como algo «espantoso» ya la República Islámica recurre cada vez más “a la pena de muerte como arma de represión”, y dijeron sentirse sumamente «indignados» por el hecho.
En un tuit, RSF, que seguía de cerca el caso de este opositor, indicó que “desde el 23 de octubre” había “advertido de la inminencia de la ejecución” a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Hasta la mañana de este sábado ni Francia ni el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU se habían pronunciado.
