En Panamá un grupo de organizaciones socio ambientales rurales siguen enfrentando la explotación minera, proyectos hidroeléctricos y tráfico de madera.
Las comunidades no se rinden a la hora de defender a los ríos, el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano, mientras debatían si emigrar o ser víctimas de esos efectos como las inundaciones o sequías.
Un ejemplo claro en Panamá han sido las inundaciones en la Península de Azuero, causando afectaciones a viviendas, plantas potabilizadoras, interrupción de las vías de comunicación, al sector productivo agrícola y cambios en el entorno ambiental.
Guadalupe Rodríguez, de la organización socioambiental Salva la Selva, exigió “justicia climática”, una protección del clima equitativa, entre países y grupos de población.
“Por su modo de vida, los países industrializados son los principales responsables de la catástrofe climática. Por otro lado, los habitantes de los países del sur global son los que más están sufriendo las consecuencias en forma de inundaciones, sequías, extremas de calor y otros cambios climáticos como ocurre en Panamá”, dijo.
La investigadora dijo que la protección de clima no puede verse como un negocio, “los bosques no son una mercancía, el CO2 no es una moneda de cambio, es decir, que la protección del clima debe ser justa”.
Desacuerdo en políticas ambientales
Para Panamá, además del debate mencionado, las organizaciones socioambientales y rurales, manifestaron su desacuerdo ante las políticas ambientales que promulga el gobierno de turno, cuyas incongruencias han sido evidentes.
Dicen, que por un lado, están las concesiones otorgadas para minería, hidroeléctricas y el tráfico de madera y, por otro lado, planes y actividades de reforestación, conservación y educación ambiental.
Ante esta persistente relación neoliberal con la naturaleza, voces y organizaciones provenientes de sectores sociales campesinos, indígenas hasta afrodescendientes del país, acudieron a la colectividad para proponer un modelo de vida al margen del discurso desarrollista que se mantiene desde el siglo pasado pero pintado “de verde”.
Y es que, un digno ejemplo de amor por el planeta en pos del equilibrio ecológico, fue la organización y lucha de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos que por más de 10 años vienen luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María.
Con información de Radio Temblor | Contacto Sur
