Los primeros días del año arrancaron con números dramáticos para las universidades públicas venezolanas: al menos ocho incidentes de inseguridad en siete días.
Estos sucesos, que incluyeron robos, destrozos, incendios en recintos universitarios e incluso ataques directos contra personal de seguridad, ocurrieron en cuatro casas de estudio: Universidad de Oriente (3), Universidad de Los Andes (3), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y Universidad del Zulia (1).
Este último caso fue uno de los más escandalosos: el jueves 7 de enero unos 30 sujetos armados ingresaron al postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia y sometieron al personal de seguridad. Dos de los vigilantes resultaron heridos: uno de ellos fue lanzado del segundo piso del edificio. Afortunadamente no falleció.
Por otra parte, el 4 de enero el Movimiento Estudiantil Proudistas informó que se produjo un incendio en las instalaciones de la Universidad de Oriente.
Han sido días difíciles para la educación superior en el país durante lo poco que va de este 2021, pero los números señalan que estos incidentes no son nuevos.
De hecho, con el pasar de los años han venido incrementando, en parte por la asfixia presupuestaria que padecen las casas de estudio que impiden, entre otras cosas, elaborar planes de seguridad eficientes; también por la poca respuesta de las autoridades para hacerle frente a esta problemática, según denuncias de ONG’s y actores universitarios.
Inseguridad e impunidad
De acuerdo con la ONG Aula Abierta, dedicada a documentar las violaciones a los derechos humanos en el ámbito universitario, entre marzo y diciembre de 2020, durante el periodo de cuarentena por la COVID-19, se efectuaron al menos 175 incidentes de inseguridad en las universidades públicas del país.
Entre estos actos vandálicos, al menos 10 afectaron actividades de investigación y 17 servicios estudiantiles.
Asimismo, se reportó que en 46 ocasiones fueron atacadas por la inseguridad las estaciones experimentales, predios y dependencias universitarias. En este último renglón, la región andina fue la más vulnerada con un registro de 18 hechos delictivos, seguida de oriente con 12.
El presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Los Andes, Luis Contreras, denunció que “estos incidentes repetitivos, por demás, impedirán un desarrollo óptimo en materia estudiantil”.
“Las aulas, laboratorios, comedores y demás espacios desvalijados, donde se forman y desarrollan académica y socialmente a los estudiantes, no volverán a ser los mismos”, dijo Contreras. “Adicionalmente, surgirá el impedimento del desarrollo de nuevas investigaciones en las distintas facultades que han sido objeto de estos actos vandálicos”.
En el informe “Incidentes de inseguridad en universidades durante la cuarentena con ocasión al COVID-19: un reto para la libertad académica y la educación de calidad”, de Aula Abierta, se documentan diversas denuncias de inacción por parte de las autoridades del Estado para investigar y sancionar a los responsables de los incidentes de inseguridad reportados.
Estas denuncias fueron realizadas por las distintas autoridades y actores del sector universitario, quienes también resaltaron “la ausencia de cooperación para prevenir que sigan ocurriendo estos incidentes que desmantelan las casas de estudios y afectan la libertad académica y el derecho a una educación de calidad”.
En dicho informe, Aula Abierta hace un llamado de emergencia y exige “al Estado venezolano investigar cada uno de los incidentes de inseguridad presentados en las universidades, para juzgar a sus responsables de conformidad con la legislación venezolana”.
“También se exige a las autoridades correspondientes, de conformidad con la protección invocada en el sistema interamericano de protección de derechos humanos que son parte Venezuela, que cumpla con sus obligaciones establecidas frente al derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía universitaria”, agregan.
“El Gobierno ha roto unilateralmente la relación de trabajo con toda la docencia”
La crisis en las universidades debido a la cuarentena por el coronavirus no solo se reduce a los incidentes de inseguridad. Según Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, “un grupo importante de profesores y estudiantes no se pudieron incorporar por no tener computadoras, internet o servicio público de calidad como electricidad”.
Meléndez también aseguró en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias que se han generado grandes desigualdades entre profesores y estudiantes del sector privado, donde algunos pudieron adquirir tecnología para dar y recibir clases durante la pandemia, a diferencia de los del sector público que en su mayoría no pudieron hacerlo, en parte debido que a los docentes ganan salarios por debajo de los 5 dólares y casi todos los alumnos son de bajos recursos.
“La mitad de los profesores y estudiantes de universidades públicas no han podido arrancar clases”, sentenció Meléndez, quien añadió que esta situación se produce en parte por la poca coordinación por parte del Gobierno de Venezuela para garantizar calidad académica.
A mediados de enero la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) mantuvieron una reunión con el objetivo de impulsar una agenda común de trabajo, enfocada en tratar de solucionar la crisis que viven profesores, trabajadores y obreros universitarios, pero también estudiantes.
Keta Stephany, Secretaria de actas y de información de la FAPUV, afirmó en una entrevista radial que “el propósito de la última reunión que celebramos fue el impulso de una agenda común de trabajo en función de reactivar la actividad académica y reactivar los derechos laborales de profesores, trabajadores y obreros universitarios”.
Asimismo, explicó que la reunión también se enfocó en los derechos de los estudiantes, buscando estrategias para «que se cierre la brecha que cada vez es más amplia en relación con la posibilidad de acceso a la educación universitaria en Venezuela».
«Para que todo eso sea posible había que hacer una agenda de discusión y trabajo que comienza con el tema del financiamiento a la educación universitaria», expresó.
Por otra parte, aseguró que «la situación de los maestros en la educación básica y media es la misma a la de los profesores universitarios”, por lo cual, de acuerdo a ella, «el Gobierno ha roto unilateralmente la relación de trabajo con toda la docencia venezolana de los distintos sistemas. Tiene a la educación paralizada».
