La Corte Penal Internacional (CPI) informó que aprobó extender hasta el 16 de abril el plazo para que Venezuela demuestre que ha investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Tres meses tiene Venezuela para hacer ver que es un Estado de derecho que garantiza justicia. Se ha empezado a notar algunas movidas en los últimos meses, pero de acuerdo con Marino Alvarado, abogado e investigador de Provea, no es más que una «simulación».
«Hasta ahora, el Gobierno a través de las instituciones que controla ha venido haciendo un proceso de simulación de justicia. Algunos casos relacionados a asesinatos en el contexto de las protestas de 2017 se desempolvaron. Aunque en estos casos no están investigando a los altos responsables de esos crímenes», señaló el jurista en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.
Marino indicó que el Estado debería investigar de forma genuina los casos de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no se está investigando a los altos mandos, sino a ciertos funcionarios.
«Hay muchos donde está involucrada la Policía Nacional Bolivariana, pero no hay ninguna investigación a lo que se conoce como la Dirección de Inteligencia Estratégica de la PNB, que son los que planifican y dan las principales órdenes. Tampoco se ha investigado la responsabilidad que puede tener la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y líderes intermedios», sentenció.
Al igual que tampoco se han investigado las denuncias de torturas de los «presos políticos», ni siquiera la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo.
El militar falleció bajo custodia de los órganos de seguridad del Estado. Su familia asegura que sufrió graves torturas y acusa al gobierno de su muerte, mientras que las autoridades solo lamentan la muerte del militar y prometieron una «investigación».
¿El Gobierno mintió en el EPU?
Sobre la reciente evaluación a Venezuela en el Examen Periódico Universal (EPU), Alvarado sostuvo que el Gobierno fue a mentirle a las Naciones Unidas.
«El gobierno venezolano afirmó que en el país había una situación muy buena con los Derechos Humanos, cuando a diario vivimos el deterioro de los derechos humanos hasta el punto de que la CPI planteó que se pasara a una fase de investigación», expresó.
«El gobierno, acostumbrado a mentir, dio una serie de cifras en materia de derechos sociales que no son nada creíbles, algunas con bastante facilidad se pueden demostrar que no son ciertas.» La gran mayoría de países desestimaron el discurso del Estado venezolano, en el que apuntaron a las sanciones económicas como las culpables de los problemas que se viven en el país.
«Las sanciones han contribuido a algunos problemas, pero está demostrado que la crisis económica y social fue mucho antes de las sanciones. Los delitos de lesa humanidad empezaron a ocurrir mucho antes de las sanciones. La crisis de servicio público y salud no tiene que ver con las sanciones, sino con la ineficacia e indolencia del gobierno», subrayó el abogado.
