Las protestas en Lima, Perú persiste desde hace varias semanas, y durante las últimas horas ha dado un nuevo giro: exigen la renuncia de todas las autoridades nacionales.
Durante las primeras protestas, los ciudadanos peruanos exigían la renuncia de la presidenta designada por la Asamblea Nacional, Dina Boluarte.
De acuerdo con un reporte de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela, “los peruanos están cansados de la clase política”.
Una exigencia multifactorial
Según el boletín informativo, Boluarte tiene un 80 % de desaprobación y los ciudadano no se sienten identificados con la gobernante.
Por su parte, el Congreso de Perú tiene un 90 % de rechazo luego de las decisiones emitidas durante los últimos. El creciente rechazo inició con el nombramiento de Boluarte como mandataria en sustitución del presidente electo por voto popular, Pedro Castillo.
El destituido presidente peruano asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2021 en el Congreso de la República, pero no pudo terminar su periodo constitucional y con su detención iniciaron una serie de protestas.
Con el paso de los meses, las actuaciones del Ministerio Público de Perú también fueron cuestionadas y la fiscal de la nación fue señalada por liderar una red de corrupción con vinculaciones en el Ejecutivo nacional. Las investigaciones produjeron la suspensión de la fiscal por seis meses por disposición de un Tribunal.
La gota que derramó el vaso fue la orden de liberar a Alberto Fujimori, que los ciudadanos han rechazado masivamente en las calles.
El inicio de las protestas
Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 después de que el Congreso de su país lo destituyera. Horas antes, Castillo había anunciado la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”.
La respuesta del Congreso fue declarar la vacancia del cargo de presidente, lo que condujo a su inmediata destitución. El Congreso argumentó “incapacidad moral” con 101 votos a favor y decretó que asumiera el cargo la vicepresidenta, Dina Boluarte.
Posteriormente actuó el Ministerio Público que dirigió la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal.
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