En su reciente reporte sobre la represión en Venezuela, la ONG de Derechos Humanos, Foro Penal refleja que entre el 1 de enero y el 7 de abril de 2020 se verificaron un total de 72 personas detenidas con fines políticos en Venezuela.
Junto a Provea, esta organización vienen alertando sobre actuaciones arbitrarias de cuerpos policiales e instituciones del Estado en el marco de esta cuarentena social.
Ponen el énfasis en el incremento que se dio en el período comprendido entre el 1ro de marzo y el 7 de abril, fecha de cierre del informe, con 50 detenciones por motivaciones políticas. Un número mucho mayor que el registrado en el mes de febrero.
Señala también el documento que llama la atención que desde el 13 de marzo de 2020, cuando fue decretado el estado de alarma en todo el territorio nacional debido a la pandemia del COVID-19, hasta el 7 de abril un total de 33 personas fueron detenidas arbitrariamente.
Para Foro Penal los hechos que caracterizan estas situaciones son las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena es común en diversas zonas del país.
Describen que las personas se detienen por unas horas por no portar mascarilla o por abrir una comercio no permitido. La escasez de gasolina se ha extendido en todo el país, incluyendo la ciudad de Caracas, donde no había escaseado antes de la cuarentena, al igual que se mantiene la constante interrupción del servicio eléctrico, agua y gas.
Privados de libertad y presos políticos
En este capítulo la ong advierte que pese al llamado que hiciese el 25 de marzo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sobre «que los gobiernos deben tomar medidas para que el COVID-19 no se propague en las prisiones… ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, al 6 de abril en Venezuela, son mantenidos tras las rejas 334 presos políticos, entre éstos, 13 mujeres, 121 funcionarios militares y 1 adolescente.
El Foro Penal pudo verificar al menos 61 presos políticos con enfermedades que no están siendo atendidas oportunamente. Las condiciones de salud de estas personas podrían agravarse, debido al brote de la epidemia COVID-19, ya que existe un mayor riesgo de un eventual contagio, al encontrarse en centros de reclusión bajo hacinamiento, sin tomarse las medidas de protección y salubridad necesarias para evitar la propagación del virus.
Marzo con más detenciones por fines políticos
Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2020 fueron arrestadas 61 personas por fines políticos en el país. De esas, 9 son mujeres y 52 son hombres.
Concretamente por lo que respecta a marzo, hubo 39 personas detenidas con fines políticos, notándose un incremento significativo en cuanto al número de detenciones, al hacer la comparación con febrero, mes en el cual hubo 9 personas detenidas.
Precisa el reporte que los días en los que se reportaron la mayor cantidad de arrestos por fines políticos durante marzo, fueron: el 10 de marzo (que además fue el día con mayor cantidad de arrestos del mes) reportándose en total 10 personas detenidas, debido, a la convocatoria a manifestaciones de calle en todo el país, realizada por sectores de la oposición política venezolana.
El 17 de marzo se verificaron 5 personas detenidas, y el 30 de marzo, se registraron 4 personas detenidas.
Las FAES se llevan el récord de más detenciones
Foro Penal dice observar que los arrestos arbitrarios con fines políticos del mes fueron ejecutados por los siguientes cuerpos de seguridad del Estado: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 15 arrestos, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 9 arrestos, Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) 8 arrestos, Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) 4 arrestos, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) 2 arrestos, Policía del estado 1 arresto.
En relación a los estados en los que se verificaron las 39 detenciones arbitrarias de marzo, el cuadro es el siguiente:Distrito Capital con 19; Mérida con 5. Prosiguen Miranda con 4; Monagas con 3; el estado Táchira con 3; y Bolívar, Zulia, Nueva Esparta, Lara y Portuguesa con 1 detención, respectivamente.
Estado de alarma por el COVID-19
Tal como se ha venido apuntando, el Ejecutivo nacional dictó el 13 de marzo un Estado de Alarma, sustentado en el decreto 4.160.
Según esta organización defensora de derechos humanos se ha observado que, algunas autoridades, han asumido el control total de la población, más allá de lo indicado en dicho decreto. Se recibieron reportes de todo el país, en los cuales se hace referencia a situaciones que están ocurriendo y que son comunes en varios estados, como consecuencia de la aplicación del referido decreto, tales como:
• Retención masiva de ciudadanos durante varias horas, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, por no usar tapabocas o por no acatar los horarios MARZO 2019 7 establecidos en los toques de queda que se han implantado en cada región. Durante la detención, en algunos casos, a estos ciudadanos les dan una “charla informativa” o les implementan castigos tales como: hacer ejercicios “saltos de rana” o “flexiones” y repetir frases, mientras practican estos ejercicios.
Luego son liberados. En otros casos, se observó que estas personas son fotografiadas o grabadas y su identidad es revelada en redes sociales.
• Escasez de gasolina y racionamiento del combustible. En la mayoría de los estados, sólo es posible surtir vehículos de uso oficial y de profesionales del sector salud, que presenten salvoconductos. Aunque, no siempre estas excepciones se cumplen y se han reportado casos de profesionales de la salud, a los que no se les ha permitido surtir su vehículo de combustible.
• Racionamiento de los servicios básicos (agua, electricidad), así como también, dificultades para recargar bombonas de gas doméstico, en la mayoría de los estados del país.
• También se reportaron fallas en las telecomunicaciones, en gran parte del territorio nacional. Resalta que, luego que se decretara el 13 de marzo de 2020, el “Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional”, tal como lo indica el Decreto antes referido, desde ese día hasta el 7 de abril de 2020, fecha de cierre de este reporte, se han reportado 33 detenciones arbitrarias.
Estas detenciones habrían ocurrido, en contravención a la petición que hiciera la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual expresa que: “El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, en particular durante esta crisis”.
Dentro de las detenciones referidas, se encuentran los casos de dos estudiantes detenidos el 12 de marzo al denunciar a través de redes sociales, la supuesta presencia de una persona contagiada en el hospital Victorino Santaella de Los Teques, Estado Miranda.
Asimismo, desde el 8 al 12 de marzo se llevaron a cabo 19 detenciones por persecución de personas que participaron en la protesta realizada por la iniciativa de Juan Guaidó el 10 de marzo.
Luego del decreto del 13 de marzo de 2020, que ordenó la cuarentena, se han producido varias detenciones, tanto de personas del entorno de Juan Guaidó, como de personas que han enviado mensajes en WhatsApp o redes sociales denunciando a funcionarios del Gobierno o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Tipos de detenciones arbitarias
El extenso informe describe que existen tres clases de detenciones arbitarias.
1. Detenidos por denunciar casos de COVID-19 o alguna situación relacionada con la pandemia en Venezuela.
2. Detenidos por enviar o reenviar mensajes, no relacionados con la pandemia, pero en contra del Gobierno o de sus funcionarios.
3. Detenidos por estar relacionados, directa o indirectamente, con líderes de la oposición, particularmente con Juan Guaidó.
En cuanto al primer tipo de detenciones se encuentra, entre otros, el caso del periodista Darvinson Jesús Rojas Sánchez, de 26 años, detenido el 21 de marzo en su vivienda, ubicada en la urbanización Caricuao de Caracas, por un grupo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por, presuntamente, haber publicado información extraoficial relacionada con la pandemia de COVID-19 en Venezuela.
Su audiencia de presentación tuvo lugar el 23 de marzo de 2020 y le fueron imputados los presuntos delitos de “Instigación Pública” e “Incitación al Odio”. Durante la audiencia, le fueron otorgadas las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad de: presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquél designe y prestación de fiadores. Fue excarcelado el 2 de abril, luego de 12 días de haber sido detenido.
En cuanto al segundo tipo, se encuentra, por ejemplo, la detención de Elio José Mendoza Acosta, de 52 años, supervisor de planta de Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). El miércoles 1 de abril 2020 a las 7:00 a.m., salió de guardia a su turno libre, le correspondía regresar el sábado 4 de abril, no obstante, recibió una llamada del gerente de planta, el mismo 1 de abril a las 8:00 p.m., informándole que existía una avería en la planta y que se requería su apoyo, por lo que acudió al llamado.
El referido gerente, le envío un vehículo particular para trasladarlo, saliendo de su vivienda a las 10:17p.m., momento en el que su familia perdió contacto con él.
No fue sino hasta el 2 de abril, 16 horas después, que su esposa recibió una llamada, informándole que estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicada en el Campo C de Ferrominera y que debía contactar un abogado para que lo asistiera.
Su esposa se dirigió al sitio, con un abogado y su hijo y no le permitieron verlo, preguntaron los motivos de la detención y le informaron que se debió, al reenvió de un mensaje de WhatsApp, sin mayor explicación.
Fue presentado el 3 de abril de 2020, ante el Tribunal 2do de Control de Puerto Ordaz, imputándosele los presuntos delitos de: “Instigación al Odio” y “Difamación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, quedando privado de libertad, en la sede de la DGCIM del estado Bolívar.
En cuanto al tercer tipo de arrestos, se encuentra, entre otros, el caso de Maury Carolina Carrero Mendoza, de 40 años, de profesión contadora, detenida el 2 de abril de 2020 en horas de la madrugada, en su residencia ubicada en la urbanización Prados del Este de Caracas, por un grupo de al menos 15 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los referidos funcionarios entraron por la fuerza a su vivienda, derribando una reja y la llevaron a una habitación en la cual le hicieron preguntas relacionadas con el ciudadano Luis Somaza (exconcejal de oposición y Director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional). Ella les aclaró que trabajó con este ciudadano, hace varios años, pero que no tenía información de él en la actualidad.
Los funcionarios de la DGCIM registraron toda la casa, tomando según el testimonio de los familiares, prendas, divisas, un arma perteneciente a su papá y el porte de ley (documento original), teléfonos móviles, una bandera de Venezuela y otros artículos electrónicos.
Le hicieron firmar a los padres un documento y les informaron que la llevarían para que los guie a una dirección y la regresarían a la vivienda. Los padres recorrieron todos los centros de reclusión de Caracas durante casi 2 días, sin obtener información de su paradero.
La audiencia de presentación se llevó a cabo el 3 de abril a las 5 de la tarde ante el Tribunal 18 de control del Área Metropolitana de Caracas. Dicho tribunal declinó su competencia a un tribunal de terrorismo, difiriendo la audiencia para el 4 de abril de 2020 y regresada a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, donde sus padres habían acudido inicialmente a preguntar por ella y no le dieron información.
El 4 de abril fue presentada ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencia en casos vinculados al Terrorismo, imputándosele los presuntos delitos de: “Asociación para Delinquir” y “Ocultamiento de Armas” quedando privada de libertad, ordenándose como centro de reclusión, la sede de la DGCIM, ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas.
El reporte cierra con algunos llamados de atención. Una de ellos tiene que ver con que estiman que estas detenciones arbitrarias podrían incrementarse en los próximos días, ya que el Gobierno podría estar amparándose para tal represión, en el referido decreto de Estado de Alarma y, eventualmente, en otras medidas que puedan dictarse.
El estado continúa manteniendo tras las rejas un número importante de presos políticos, pese a la exigencia de la comunidad internacional, de la liberación inmediata de estos y pese a la situación de riesgo inminente que tienen estas personas de contraer el virus COVID-19.
El Foro Penal verificó y documentó un número importante de casos de presos políticos que padecen enfermedades que no están siendo atendidas oportunamente. Estos casos están siendo denunciados tanto nacional como internacionalmente.
