La cancillería venezolana publicó un comunicado donde descalifica el Informe de la Misión de Determinación de los Hechos, presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos. El gobierno alegó que dicha información contiene “acusaciones falsas” y usó el calificativo de “informe panfletario”.
Para Laura Cristina Dib, directora del programa para Venezuela de la oficina de Washington para asuntos de América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), esta es la reacción de un gobierno autoritario.
“Definitivamente la respuesta del gobierno venezolano es la respuesta de un gobierno autoritario y es la respuesta que hemos visto históricamente”, dijo en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.
Dib explicó que el Estado venezolano argumenta que es un informe que se ha creado con intenciones políticas, sin atender las graves violaciones en derechos humanos que allí se revelan.
En ese sentido, insitió en que es realmente muy importante la Misión de Determinación de Hechos porque muestra que se registran mecanismos de represión, además de “una política de Estado para sofocar y silenciar a personas percibidas como oposición”.
Es por eso que Dib considera que frente a la impunidad y la falta de investigación fue necesario que se ejecutara dicho mecanismo, el cual se implementa desde el año 2019. Destacó que actualmente, de los países que pertenecen a América Latina, Venezuela es la única nación con una investigación abierta en la Corte Penal Interamericana.
Las víctimas deben tener justicia
Laura Cristina Dib agregó que la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos será en marzo del 2024, mientras que el mandato de la Misión de Determinación de Hechos finalizará entre septiembre y octubre, también del próximo año.
“El próximo paso es impulsar el apoyo de los Estados para la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos. Es un trabajo importante donde solo vemos la punta del iceberg sobre las actuaciones de organismos”, señaló.
Según ella, el hecho de que continúe la Misión de la ONU permite “construir memoria, un acervo que pueda servir al futuro para llevar a los posibles responsables de violaciones a los derechos humanos a la justicia”.
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