El secretario general la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, autorizó el miércoles 18 de octubre los permisos para el manejo del fondo social destinado a Venezuela, aprobado en México, durante la ronda de diálogo entre representantes del Gobierno venezolano y la oposición, para atender la emergencia humanitaria en el país.
El fondo, de 3.200 millones de dólares, buscará reforzar “el sistema público nacional de salud en equipamiento, recuperación de infraestructura, dotación de insumos, vacunas y medicamentos”, destalló Bloomberg.
El recurso también servirá para la ampliación y fortalecimiento del servicio de energía eléctrica; mejoramiento de la infraestructura escolar; atención a necesidades derivadas por las lluvias ocurridas en el país; y programas de apoyo alimentario.
Aunque la autorización para administrar el fondo fiduciario ha sido concedida, por ahora no se contempla su funcionamiento inmediato, dado el entramado burocrático de la ONU y la necesidad de identificar los montos que puedan transferirse.
En mayo, la ONU recibió la confirmación de EE. UU. para que las contribuciones al fondo estén a salvo de incautaciones por parte de acreedores, añadió Bloomberg.
La nación estadounidense estuvo de acuerdo en trabajar con los bancos que cuentan con activos venezolanos; incluso, algunos alimentarían el fondo, para garantizar transferencias seguras.
Estos recursos para atender la emergencia humanitaria en Venezuela han estado retenidos en bancos extranjeros, ante las sanciones que habían sido impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales.
Más acuerdos
Tras diversas conversaciones y gestiones, se logró retomar el diálogo el pasado 17 de octubre en Barbados, donde se firmaron dos acuerdos parciales; uno de estos trata de la “Protección de los intereses vitales de la nación” que contempla la defensa de los activos del país en el exterior.
Las conversaciones sobre el fondo fiduciario comenzaron durante las reuniones del llamado “diálogo de México” que llevaron al gobierno de Maduro y a la oposición a una mesa de negociaciones en 2021, para encontrar una salida a la crisis política de Venezuela y organizar elecciones con observación internacional y otras condiciones en 2024.
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