Después de estar 11 años preso injustamente, Ferrominera todavía no le devuelve su trabajo.
El trabajador de CVG Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, quien estuvo privado de libertad durante 11 años injustamente, denunció ante los medios de comunicación que tras un año de su liberación la empresa continúa sin reincorporarlo a su puesto de trabajo.
La prisión injusta de Rodney Alvarez
Desde que obtuvo la libertad plena en el año 2022, Álvarez ha solicitado a la compañía el resarcimiento del daño físico y moral ocasionado a él y su familia. Sin embargo, la estatal no ha ofrecido ninguna respuesta. Asimismo, informó que su caso pasó a la Inspectoría del Trabajo, ente que tampoco ha ofrecido una resolución.
Álvarez trabajó como electricista durante 3 años en la compañía, fue acusado por el homicidio de Ronny Rojas, otro trabajador de la compañía quien murió de un balazo durante una asamblea de trabajadores en junio de 2011.
En este sentido, Álvarez exigió al fiscal general de la República, Tarek William Saab, “meterle la lupa” a su caso y al de más de 40 compañeros que fueron separados de sus cargos de forma injustificada.
“Casi todo el país sabe la aberrante situación por la que pasé. Fui privado de libertad sin ningún tipo de pruebas. Salí en libertad plena y el Estado venezolano no ha querido resarcir los daños que me ocasionaron a mí y a mi familia. He hecho las diligencias en la empresa, ellos mandaron mi solicitud a la Inspectoría del Trabajo. Lo que alega la inspectoría es que yo metí tarde mi reincorporación a la empresa. He introducido documentos en varias instancias del gobierno y lo que he recibido son negativas. Llevo un año y medio en libertad y todavía no se han resarcido los daños que me ocasionaron”, manifestó el trabajador.
Desde su liberación, Álvarez también ha solicitado a la empresa el pago de los más de 10 años de sueldo y beneficios que perdió al estar detenido de forma injusta.
Violación a los derechos humanos laborales
Al momento de hacer su denuncia, el trabajador fue acompañado por un grupo de ferromineros, quienes fueron separados de sus cargos entre 2018 y 2021 de forma irregular y con suspensión de salario.
El grupo señaló que la Inspectoría del Trabajo se ha convertido en una herramienta gubernamental que siempre falla a favor de las empresas del Estado.
“Estamos viviendo una situación de violación de los derechos humanos laborales. Es algo aberrante y catastrófico. Se nos violan los derechos y no hay un ente gubernamental que nos pueda asistir o atender como personas que somos”, alegó el trabajador.
En este sentido, el grupo viajó los primeros días de septiembre a Caracas para presentar la denuncia ante el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Industrias con el fin de exigir la restitución a sus labores.
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