Tarek William Saab, fiscal general de la República, aseguró en una reciente rueda de prensa que se han imputado a más de dos mil personas por violaciones a los derechos humanos.
“En total: desde nuestra llegada al Ministerio Público se han imputado a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos. Han sido acusados 2.304 involucrados. Han sido privados de libertad 955 y hemos logrado 509 personas condenadas. Es una cifra importante”, aseguró.
Su pronunciamiento llegó tres días después de la divulgación del cuarto informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, donde se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos en el país. Carlos Lusverti, abogado y activista, indicó que existe un defecto de origen y es que el Ministerio Público no rinde cuentas: según él, desde el año 2017 no presenta informes de gestión.
“Lo único que tenemos son las reiteradas ruedas de prensa en las cuales hay una información inconsistente”, dijo Lusverti en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegria Noticias, quien cree que el poder judicial contribuye a promover un clima de impunidad.
En segundo lugar, Lusverti explicó que cuando la Misión de la ONU presentó su informe, los representantes del Estado venezolano contestaron con una breve declaración “y se retiraron, no se quedaron para el debate ni escuchar”.
Asimismo, señaló que la Misión de la ONU ha solicitado venir al país para levantar información en terreno y el Estado se ha negado.
“Pero a medida que estos informes se van publicando se va creando un muro de contención”, dijo el experto, quien agregó que la información ayuda a que se vayan “identificando con más precisión nombres y responsabilidades”.
Venezuela continuará monitoreada
Carlos Lusverti recordó que se mantiene la presencia en el país del personal de terreno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que se estableció desde el año 2019 con la llegada de Michelle Bachelet.
Además, lo que ocurre en Venezuela pasó a ser investigado desde el año 2021 por la Corte Penal Interamericana (CPI), decisión que Venezuela decidió apelar.
Para Lusverti, la asistencia de los distintos mecanismos ayuda a establecer la rendición de cuenta de las autoridades porque se contribuye a “la documentación y construcción de memoria y verdad desde un punto imparcial”.
“Pensemos que son víctimas que se han enfrentando a una instancia del sistema de justicia que les ha negado actuar con independencia”, añadió Lusverti.
Finalmente, aseguró que este ejercicio de documentación “en el lago plazo contribuye a construir las bases a acciones contundentes para combatir la impunidad en el futuro”.
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