El estado Mérida emerge como un territorio particular en lo que respecta a la ocurrencia y frecuencia de suicidios. La convivencia de dos realidades bien diferenciadas, una urbana y otra rural, ha forjado una compleja combinación de factores de riesgo que ha llevado a muchas personas a enfrentar una oscura y trágica realidad. 

Aunque Mérida no siempre fue el estado con la tasa más alta de Venezuela, en la década de los 70 comenzó a perfilarse como uno de los territorios con mayor incidencia de esta problemática. 

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Mérida constató que entre 1950 y el 2014 hubo diferentes picos anuales en los casos de suicidios, siendo el más importante el que ocurrió en 1999. Pero fue específicamente a partir del año 2001 que esta región se mantiene en el primer lugar. 

“Una cosa es que durante décadas en Mérida se han suicidado un buen número de personas y que el suicidio se ha vuelto, entre comillas, como una cultura; y otra cosa muy diferente es que la frecuencia con la que ocurren, aumentó”, resaltó Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

De acuerdo con las estimaciones corregidas por el OVV Mérida, la tasa de este flagelo en 2021 fluctuó aproximadamente entre 18 y 19 casos por cada 100 mil habitantes; mientras que, en 2022, estuvo entre 15 y 16 por cada 100 mil habitantes.

Los datos reflejan que desde el 2019 hasta el presente, la tasa de suicidios decreció en Mérida, al igual que en el resto del país. De hecho, 2018 fue el año con la mayor tasa: alrededor de 22,9 suicidios por cada 100 mil habitantes en Mérida, mientras que se ubicaba en 9,3 por cada 100 mil habitantes en Venezuela.  

No obstante, Páez destacó que a pesar de haber disminuido la tasa promedio en Venezuela, los valores siguen siendo significativos y superiores a las estimadas antes de la Emergencia Humanitaria Compleja que inició en el 2014.  

“En los últimos años hemos observado una aparente disminución en la tasa de suicidios tanto en el estado Mérida como en Venezuela. Sin embargo, si analizamos el número de casos desde el punto de vista de los medios de comunicación para  Mérida encontramos una curva creciente”, indicó. 

Es importante subrayar que, aunque la tasa podría haber disminuido ligeramente, el reciente interés por este tema en los medios de comunicación estaría influyendo en el incremento de casos reportados. 

“Las tasas se estiman con cifras oficiales públicas o no públicas que son las fuentes naturales para estudiar este tema y hacer las estimaciones”, recalcó el coordinador del OVV Mérida. 

Según el OVV Mérida, en el 2020 los medios reseñaron en la entidad andina 18 casos, en el 2021 se incrementaron a 45 y en el 2022 a 55. Este año se contabilizan 32 que, de mantener su ritmo, podría alcanzar los 60 casos al finalizar el 2023, lo que superaría las cifras de años atrás. 

En el resto de Venezuela también se observa una tendencia creciente en los casos de este tipo de muerte. En el 2020, se documentaron 306, en el 2021 aumentó a 340 y en el 2022 se elevó a 393, según datos obtenidos por el OVV. 

Este año, al ritmo actual, Páez cree que probablemente se superen los 400 casos reportados a nivel nacional. 

¿Cuáles son los grupos demográficos más afectados?

Páez indicó que al estudiar indirectamente la variable a través de lo que dicen los medios apreciaron que los adultos de 30 a 64 años ocupan el primer lugar, representando entre un 50 % a 54 % de los casos desde el 2022 hasta la actualidad.

Lo cual se considera comprensible dado que son el grupo poblacional más numeroso y, por ende, más expuesto a ciertas condiciones sociales y factores de riesgo.

Para el 2022, el segundo lugar lo tenían los adultos mayores de 65 años en adelante, con alrededor del 13 %. No obstante, la preocupación radica en los adolescentes de 12 a 17 años y los jóvenes de 18 a 24 años, quienes experimentaron una aparente alza en el número de casos reseñados por los medios desde el 2021. 

Por un lado, los jóvenes se ubican después de los adultos entre los grupos más vulnerables, seguido muy de cerca por los adolescentes. Por lo tanto, el director del OVV Mérida alertó que es mucho más frecuente en jóvenes y adolescentes en comparación con los adultos, al ser un grupo poblacional más pequeño. 

“No tenemos cifras oficiales actualizadas desglosadas por grupos de edad. Solamente podemos estimar tasas para lo que es la entidad completa, porque allí logramos acceder a ciertas cifras oficiales no públicas, con las cuales hacemos estimaciones”, explicó.

Agregó que lo que hacen es estudiar indirectamente la variable edad, a través de lo que publican los medios, pero con esa información no se pueden estimar tasas, sino contabilizar el número de casos, ya que no necesariamente los medios reseñan todos los casos que acontecen. 

El OVV Mérida observó que los casos en mujeres están subiendo y probablemente esté asociado a que los hombres son los que más emigran del país, por lo que algunas han tenido que asumir el papel de jefes de hogar, a veces sin recibir recursos para la manutención de sus hijos. 

“Muchas de ellas, solas con sus hijos, tienen que sobrellevar todos los impactos negativos que se pueden vivir en el país, con pocos recursos económicos y con varios niños. Entonces, pueden evolucionar a experimentar comportamientos suicidas, llámese ideación, intento, o, peor aún, consumar el suicidio”, detalló el coordinador del OVV Mérida. 

Impacto de la crisis  

Para el coordinador regional de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, Pedro Fernández, la crisis económica, política, hospitalaria y educativa que vive el país sí juega un papel fundamental en la elevación de la incidencia de estos.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, describió que esta situación afecta especialmente a los jóvenes, impidiéndoles desarrollar todo su potencial y vislumbrar un futuro que les permita desenvolverse profesionalmente. 

El doctor sostuvo que estos factores ejercen un peso en la sociedad, en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, crean un entorno turbulento de incertidumbre para aquellos individuos vulnerables que enfrentan problemas de adaptación o que ya padecen alguna condición de salud mental, como la depresión o la ansiedad, potenciando los pensamientos suicidas como una posible solución. 

En segundo lugar, consideró que dicho contexto actúa como desencadenante de factores de riesgo que van acumulándose hasta llegar a un desenlace fatal, incluso en aquellos que no presentan enfermedades mentales.

Con esto coincidió el coordinador del OVV Mérida Gustavo Páez, quien dijo que se evidenció que el encarecimiento de la pobreza y la desigualdad social potenció la desesperanza en las personas que no ven progreso en el país.

“La emergencia humanitaria compleja, con todas sus aristas negativas combinadas con factores de riesgo asociados a comportamientos suicidas, ya sea de tipo individual o de tipo familiar, genera como una especie de cóctel negativo que conduce a un cierto número de personas, de diferentes edades y estratos sociales, desafortunadamente a comportamientos suicidas”, reiteró Páez.

Paralelamente, surgió la dificultad para acceder en cantidad y en calidad a servicios especializados psicológicos y psiquiátricos, así como a psicofármacos por sus altos precios y escasa disponibilidad.

Factores de riesgo de los suicidios en Mérida

El coordinador del OVV Mérida adicionalmente alertó acerca de un alza significativa en los trastornos de depresión y ansiedad, lo que indica que la carga emocional y psicológica que enfrenta la población es cada vez más agobiante y puede estar contribuyendo a la aparición de ideas suicidas.

Otro aspecto alarmante es la presencia de conflictos sentimentales que culminan en casos donde el hombre asesina a la mujer y luego se suicida, conocidos como ‘suicidio homicida’ los cuales evidencian la necesidad de atender las dinámicas de violencia de género. 

El acoso escolar es otro factor de riesgo, especialmente entre adolescentes. La victimización constante y la falta de apoyo pueden generar un ambiente tóxico y contribuir al desarrollo de problemas emocionales que pueden llevar a pensamientos suicidas.

“El tema de la orientación sexual lo hemos identificado como factor de riesgo. Adolescentes que se han suicidado producto de que no aceptan una orientación sexual distinta o que se aceptan ellos mismos, pero familiares o compañeros no”, reveló Páez. 

Asimismo, Mérida es uno de los municipios más importantes del país en cuanto a producción agrícola. La agricultura es una actividad económica de alto riesgo por estar sujeta a elementos naturales, sociales, económicos, políticos e institucionales, por lo cual, según Páez, los agricultores pueden atravesar por períodos de dificultad e incidir emocionalmente de forma negativa en ellos.  

“Hay estudios en el mundo que han conseguido evidencias de que puede existir una conexión entre el uso de agroquímicos que se utilizan en la agricultura y la exposición prolongada a ellos con el padecimiento de depresión y comportamientos suicidas. Eso probablemente sea una realidad presente en Mérida durante décadas, pero que no ha sido diagnosticada”, argumentó. 

A eso se le suma el consumo excesivo de alcohol, que es una sustancia psicoactiva que altera el organismo y que está presente en un número importante de estos sucesos.

La endogamia (cruce entre parientes cercanos) que todavía se practica en muchas partes de Mérida y en áreas rurales de diferentes regiones de Venezuela, es otro factor de riesgo que no se puede pasar por alto, puntualizó Páez. 

Esta puede conducir a complicaciones genéticas en las generaciones futuras y a la transmisión de ciertos problemas mentales de una generación a otra, algunos vinculados con comportamientos suicidas, como la bipolaridad o la esquizofrenia. 

Accesibilidad a servicios de atención psicológica

El coordinador regional de Médicos Unidos por Venezuela enfatizó que, aunque existen servicios gratuitos, estos en su mayoría dependen de fundaciones u organismos no gubernamentales que se dedican a hacer campañas de prevención y promoción. 

“No existe una atención adecuada que le dé continuidad y seguimiento a los casos, porque el programa de salud mental verdaderamente no funciona. Estas acciones de las ONG y de las fundaciones no pueden en ningún momento suplantar las que debe ejercer el estado, ya que no tienen el alcance necesario para llegar a toda la población”, condenó. 

En efecto, opinó que las ayudas que se ofrecen son puntuales para algunos casos y en su mayoría están enfocadas a las personas que ya tienen trastornos depresivos y no a quienes están entrando en episodios de ansiedad y depresión; es decir, que no se están identificando los factores de riesgo. 

Con relación al punto anterior, Gustavo Páez admitió que la atención psicológica o psiquiátrica en las zonas rurales es prácticamente nula y ante una crisis deben movilizarse hasta la ciudad para ser atendidos. 

¿Cómo abordar esta problemática de salud pública?

Pedro Fernández también sugirió elaborar un estudio científico-técnico que precise las causas por las que tantas personas en Mérida deciden renunciar voluntariamente a la vida o tienen ideación suicida. 

A su vez, Fernández cree que debe haber un abordaje inicial que parta de políticas públicas sectoriales que involucren a la sociedad y reconozcan los factores de peligro. De este modo, se pueden cambiar estilos y modos de vida de la población y fomentar la participación ciudadana en la resolución de los conflictos desencadenantes de las situaciones depresivas.

Por su parte, Fabiana Santamaria, legisladora del Consejo Legislativo de Mérida y cofundadora de la campaña de prevención contra los suicidios ‘Aquí Estamos‘, instó a ejecutar políticas públicas para hacerle frente a este problema de salud pública.

En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, Santamaria señaló que entre sus planteamientos están: la creación de un observatorio que recopile estadísticas e investigue el fenómeno; la adecuación de los viaductos y otros espacios que puedan ser utilizados para la violencia autoinfligida; la descentralización de la red ambulatoria y hospitalaria; y la inclusión de poblaciones vulnerables como las rurales, adultos mayores, adolescentes y minorías en el desarrollo de políticas públicas.

Sin embargo, la legisladora lamentó que, aunque se ha hecho presión al respecto, todavía no se obtiene una respuesta positiva. 

Hablar de forma responsable

“Los principales aspectos que siempre resalto son la importancia de educar a las personas sobre el suicidio y su prevención. Es fundamental hablar el tema de forma responsable, informando en torno a los factores de riesgo asociados a comportamientos que pueden llevar a suicidios y los factores de protección que pueden contrarrestarlos”, sostuvo el coordinador del OVV en Mérida, Gustavo Páez. 

El Estado también juega un papel fundamental en la generación de cifras y estadísticas actualizadas.

“Se requiere voluntad política y mayor inversión en salud mental para que las personas puedan acceder a psicólogos y psiquiatras en la parte pública, ya que no todos pueden costear la atención privada”, continuó Páez. 

Por último, recordó que deben romperse los estigmas y prejuicios en torno a la salud mental para que las personas se sientan cómodas buscando ayuda sin temor a ser juzgadas. 

Campaña ‘Aquí Estamos’

La legisladora Fabiana Santamaria, cofundadora de la campaña de prevención contra los suicidios en Mérida, ‘Aquí Estamos’, manifestó que en alianza con la Universidad de Los Andes (ULA) y más de 40 oenegés se están celebrando actividades culturales y deportivas, se han capacitado a más de 350 voluntarios, planteado una ruta de acciones y distribuyendo entre funcionarios públicos y docentes un protocolo de prevención y atención diseñado por una profesional de la psicología.  

“Uno de los objetivos de la campaña es visibilizar la problemática, romper el tabú, eliminar los mitos que existen en torno al tema”, expuso Santamaria. 

Igualmente, han hecho una serie de talleres en escuelas y comunidades, mientras que, en el municipio Libertador, ya se establecieron comunicaciones con líderes y actores sociales de diferentes municipios con el propósito de extender la campaña y ampliar la iniciativa regionalmente. 

Se trata de “entenderlo como un problema de salud pública que debe involucrarnos a todos como sociedad en la búsqueda de soluciones”, insistió Santamaria. 

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